El que fuera presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, que cumple condena en la cárcel madrileña de Aranjuez por el ‘caso Naranjax’, solicitó la documentación necesaria para poder acogerse al tercer grado.
Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el pasado 17 de julio la sección primera de la Audiencia de Castellón recibió un escrito de Carlos Fabra en el que se pedía un certificado de las cantidades abonadas para hacer frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado. La solicitud de este certificado se realizó para poderlo aportar a la junta de tratamiento penitenciario.
Las mismas fuentes explicaron que el tercer grado —o cualquiera otra situación penitenciaria— no sería competencia de la Audiencia de Castellón, sino que las peticiones las resolvería el juzgado de vigilancia penitenciaria con competencias sobre la prisión en la que se cumplió la pena.
En este caso se dio la circunstancia de que el exidirigente ‘popular’ cumplirá 70 años el próximo 2 de agosto, y que el nuevo Código Penal prevé que el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado “por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad en este caso”.
Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por el ‘caso Naranjax’ e ingresó en diciembre del año pasado en la cárcel de Aranjuez después de que el Gobierno acordara denegar su indulto.
