El Estado tiene pensado exigir el coste del rescate a los secuestrados nacionales cuando éstos hayan sido claramente temerarios en su viaje o en su conducta. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quiere fijar por ley la posibilidad de que el Gobierno pueda «exigir el reembolso» del dinero público desembolsado para pagar el rescate o asistencia de ciudadanos españoles en el exterior cuando éstos se hayan expuesto «voluntariamente» a una situación de riesgo. Así consta en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acción Exterior elaborado por el departamento que dirige José Manuel García Margallo.
«Cuando el Ejecutivo, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia o rescate en el extranjero que comporten pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto libremente a peligros sobre los que el Ministerio informa en sus recomendaciones de viaje o de los que hubiera podido tener conocimiento por cualquier otro medio», tal y como indica el artículo 24 de la norma.
En la actualidad, dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras permanecen secuestradas en Somalia, después de que otros dos colaboradores raptados en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) fueran liberados en julio pasado.
El principio que impregna el anteproyecto de la ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por las Comunidades y los entes locales.
Delegaciones regionales
Mientras, y en aras de la coherencia interna, la propuesta de ley incluye la posibilidad de que las Comunidades puedan abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno. De hecho, Hacienda deberá hacer un informe sobre si la propuesta autonómica responde al principio de eficiencia en la gestión.
El anteproyecto introduce aquí un aspecto muy novedoso, pues establece que ese examen de Hacienda «tendrá carácter vinculante cuando se trate de territorios que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria».
La norma recoge la oferta que García Margallo hizo a las autonomías para que instalen sus oficinas en el exterior dentro de las Embajadas, con el fin de ahorrar costes cuando así lo permita la disponibilidad de espacio.
Además, inspirándose en el modelo del servicio exterior europeo, el Ministerio propone que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajadas.
