Los expertos sanitarios que participaron en el II Foro sobre el futuro de los Servicios Públicos coincidieron en que la mejora de la eficacia en el sistema de salud pasa por «incentivos» para los profesionales, así como darles más «autonomía» y «responsabilidad en la gestión».
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, coincidió con De Santiago-Juárez en lamentar que no haya sido posible alcanzar un acuerdo político en Castilla y León que fije «el modelo sanitario» pese a que «no hay grandes diferencias» entre los partidos políticos, recalcando que «un acuerdo sobre el modelo está por encima de cualquier medida», como el copago.
«Parece que el dilema actual es gestión pública o privada, pero lo que hay que hacer es reformar la gestión pública, eliminar la administración burocrática, y orientarla a los resultados en términos de salud, o daremos la razón a los que piden más sanidad privada», dijo.
Esa reforma pasa, según el consejero, por introducir «más flexibilidad, menos rigideces de las condiciones laborales» y acabar con el «café para todos» porque afirmó que cuando todos los trabajadores tienen «la misma recompensa» no se mejora la eficiencia.
En esta idea incidieron varios expertos sanitarios, que defendieron los «incentivos» a los profesionales, que deben tener más «autonomía y responsabilidad en la gestión». El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, Antonio Otero, apostó por «medidas descentralizadoras» en línea de las unidades de gestión clínica y un modelo retributivo con «incentivos».
Servicios Sociales y Educación
Por lo que respecta a los servicios sociales, Luis Barriga, miembro de la Asociación de Directores y Gerentes, alertó de que la crisis ha provocado un grave «empobrecimiento», y que muchas de esas personas se encuentran en proceso de «exclusión social». Al respecto, criticó que en los últimos años casi todos los recursos se han concentrado en la Dependencia.
Y, en educación, el presidente de la asociación regional de psicología y pedagogía, Juan Miguel Salas, recordó que ya hay un sistema mixto de gestión público-privada y pidió que la Administración «redoble el control y las garantías para que se respete el objetivo público».
