La defensa del Gobierno de la aplicación del estado de alarma para contrarrestar la huelga de los controladores, el expediente laboral a 442 trabajadores de este colectivo y la vuelta a la normalidad en los aeropuertos, marcaron el primer día tras la reapertura del espacio aéreo español.
En la jornada de ayer continuaron las críticas políticas y sindicales contra la medida adoptada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que menguaron las colas y las protestas en los aeródromos nacionales, mientras que los afectados se organizaban para reclamar sus derechos.
El vicepresidente primero del Gabinete socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que la situación generada por el paro tenía que ser afrontada con la imposición del estado de alarma, que militariza a los controladores y que permanecerá 15 días vigente, y concluyó que «quien echa un pulso al Estado, lo pierde». El también ministro del Interior negó que se hubiera obligado a los rebeldes a trabajar a punta de pistola y comentó que la «irresponsabilidad» y la «tropelía» de los controladores «no les van a salir gratis».
Por su parte, el titular de Fomento, José Blanco, de quien el PP pedía la dimisión, comparecía para informar del expediente laboral abierto a 442 controladores, quienes se han guiado por la prudencia en sus comentarios al desconocer cómo les puede afectar su nueva situación, ya que están bajo mando militar.
Blanco, que comunicó que ya se había transportado a 162.000 pasajeros desde la reapertura del espacio aéreo, -cifra que ascendía a 335.000 a las nueve y media de la noche- criticó la «irresponsable» actuación del colectivo amotinado, que no puede quedar impune, por lo que debe recibir las sanciones oportunas registradas en la Ley.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, advirtió de que el Gobierno tiene que explicar «políticamente» lo que ha ocurrido tras el cierre del espacio aéreo por el conflicto con los controladores «y lo que ha hecho» al respecto. Así lo manifestó antes de partir hacia Madrid desde el aeropuerto de Guacimeta en Lanzarote, desde donde debía volar el viernes cuando se produjo el cierre del espacio aéreo después de que los controladores abandonasen sus puestos de trabajo.
Rajoy confirmó que el PP apoyará en el debate previsto en el Congreso de los Diputados la iniciativa del Ejecutivo de decretar el estado de alarma, pero «aparte de eso», añadió, también va a pedir al Gabinete que «explique lo que ha ocurrido y lo que han hecho».
Sobre este asunto opinó el diputado del PP Rafael Hernando, que solicitaba la dimisión de Blanco, y el senador de este partido Pedro Agramunt anunció que no acudirán a actos en los que participe el responsable de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, por vincular al PP con la huelga de controladores.
Por su parte, los controladores hacían uso de internet para expresarse y el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, calificaba de «desmedida» la reacción del colectivo, adoptada después de «meses de acoso, una ley y varios decretos» que recortan sus derechos.
Respecto a los datos, a media tarde, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) informaba de que se había cancelado el 4 por ciento de los vuelos previstos para esta jornada, 165 de 4.060 programados y en el turno de tarde de los controladores se alcanzaba una cifra de asistencia a los puestos de trabajo similar a la de la mañana, el 97 por ciento.
