Nuestro modelo de organización territorial sigue siendo hoy día motivo de controversia entre los españoles. Para unos supondría acabar con nuestros problemas y para otros, poco menos que el fin del mundo. España es un país muy complejo con diferentes identidades políticas, cuya viabilidad pasa por la conciliación necesaria de las diferentes ideologías territoriales. Las opiniones sobre su acierto no pueden ser más encontradas. En los territorios históricos a los que debía satisfacer, unos piensan que tiene poco desarrollo, mientras que otros creen que se han cedido demasiadas competencias y que hay que recentralizar. En general, hay españoles que piensan que con su supresión se agilizaría la gestión administrativa y nos ahorraríamos gran cantidad de dinero al eliminarse muchos cargos innecesarios. Consideran que el hándicap que sufrimos con las CCAA es el despilfarro que supone la multitud de cargos públicos en 17 parlamentos autonómicos, con más de 8000 ayuntamientos y la pléyade de asesores, directores generales, personal de confianza, etc., agravada la situación por una deuda pública espantosa y un déficit subiendo imparable. Ven de forma clara que ni el pueblo más rico del mundo podría asumir tanta dilapidación de recursos en favor de quienes debieran resolverlo, que por otra parte son los más interesados en que nada cambie… Están convencidos de que las CC.AA. son económicamente insostenibles por lo que en un periodo muy breve los españoles tendremos que elegir entre el gasto que implica el mantenimiento de la administración autonómica y las pensiones y el gasto social.
Por otra parte están los españoles que opinan que si se volviera al centralismo, este sería incapaz de hacer una política correcta porque no conoce las necesidades de los ciudadanos como las administraciones de cercanía, y con ello se deteriorarían todos los servicios públicos.
Personalmente creo que el Estado de las Autonomías ha tenido un efecto transformador sobre la realidad del país. Entre otras muchas cosas las CCAA han aportado el acercamiento de los ciudadanos a la administración. Pensemos, por ejemplo, como con la anterior organización del Estado cualquier trámite administrativo o de otro tipo que tuviera que hacer una persona tenía que acudir obligatoriamente a la capital de la provincia o a ciudades de gran tamaño. La disponibilidad de hospitales, colegios, mejores carreteras, etcétera, son servicios, todos ellos son más cercanos a la población. Es cierto que ese acercamiento ha conllevado un aumento del aparato administrativo, pero no cabe duda de que siempre es posible una mejor racionalización del gasto público que originan.
¿Existe alternativa a las CC.AA? Entrando en el terreno de la “política ficción”, ante el hipotético caso de que nos planteásemos eliminar las CCAA, sería inviable sin antes adoptar las medidas que resolviesen las tres demandas generalizadas que en España tratan de solventar. En primer lugar la “descentralización administrativa”. Probablemente, habría muchas maneras de conseguirla más eficaces y baratas, pero no habrá eficiencia económica sin acuerdo político.
En segundo lugar, sería satisfacer la demanda de “autonomía de decisión política”. Esta es más compleja, dado que varía mucho de unos ciudadanos a otros, pero no sería irresoluble si tuviéramos más políticos competentes y bien intencionados al frente de los partidos. No obstante, en este punto hay cuestiones relevantes tan mal resueltas que se han convertido en problemas enormes que debilitan el entramado constitucional, como son ciertas carencias en el texto constitucional y en el complejo encaje de los Estatutos de Autonomía. También existen inconsistencias legales e incoherencias en el tratamiento que reciben unos y otros en Las Cortes en función de intereses partidistas coyunturales, así como pobreza de incentivos y mecanismos eficaces de cohesión, coordinación y garantías a la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
La continua apelación al Tribunal Constitucional y la invasión partidista de todos los resortes del Poder Judicial pone en riesgo la credibilidad y la aceptación de sus resoluciones, muchas de ellas ignoradas por quienes están más obligados moralmente a cumplirlas, y lo más grave es que no hay consecuencias. Tampoco podemos olvidar la actuación desleal de los políticos independentistas y la deficiente respuesta política (“hay que negociar”, nos dicen, pero nadie sabe qué negociar) y también judicial (ni siquiera hay acuerdo básico sobre la calificación jurídica de los actos desleales). Todo ello muestra hasta qué punto nuestro sistema político y legal es incapaz de dar respuesta a una situación imprevista. Y está aún por ver cómo resolvemos el reto.
Finalmente, tenemos el llamado “problema identitario”. Es el más complicado, no sólo porque tengamos políticos irresponsables que exacerban sentimientos naturales pero exagerados, sino por tantos ciudadanos que los aceptan. Creo que la respuesta podría estar en carencias ya muy antiguas que tenemos. Entre ellas la inexistencia de un relato aceptado sobre qué es España o quiénes somos los españoles. Nuestra Historia es muy desconocida por la ciudadanía y por buena parte de quienes la difunden. No es menor el fracaso en la formación de espíritus críticos que aprecien el valor liberador de la Cultura, escaso en general entre nosotros, lo que nos debilita individual y colectivamente. Estas debilidades de la sociedad dificulta la generación de propuestas de proyectos motivadores, que son un pegamento social valioso y por tanto fuente de identidad.
Creo que España tiene pendiente en estos momentos la tarea de construir un proyecto colectivo de futuro, y a partir de él es como empezaremos a entender la estructura de estado que conviene para ello, no al revés. Nuestras instituciones son tan discutidas porque cada cual está intentando reformarlas o simplemente manipularlas para servir a sus intereses y eso deriva en disfunciones cada vez más graves. Lo que falla es que no sabemos qué queremos ser en el futuro a medio plazo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, daría lo mismo que hubiera o no CCAA con tal de que tengamos la firme voluntad de resolver todo esto.
Con los pies en el suelo, un Estado sin autonomías sería posible, pero inviable a largo plazo, y en todo caso un error, no por cuestiones de eficiencia, sino porque no sería políticamente sostenible.
