ETA y su entorno no deben estar muy satisfechos con los últimos movimientos del Gobierno central. Y es que a la aplicación que ayer hizo la Audiencia Nacional de la doctrina Parot con Juan José Zubeldia, condenado por los asesinatos en la casa-cuartel de Vic en 1991 -en el que murieron 10 personas, cinco de ellas niños-, lo que impedirá su salida de la cárcel hasta mayo de 2021, se suma la enérgica declaración de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que garantizó que en relación a los presos, su Gabinete siempre se va a mover en el marco de la ley que, «entre otras cosas, prevé el perdón a las víctimas del terrorismo».
«Nuestra política antiterrorista es muy clara. No vamos a negociar con los terroristas. Hay un mensaje muy claro: ningún preso puede esperar nada de ninguna negociación. De ellos depende desligarse de la banda y cumplir con la legislación penitenciaria, que incluye ese acto en favor de las personas a las que la banda arruinó la vida.
Por si no fueran pocos los motivos por los que los criminales pudieran estar descontentos con Moncloa, también pudieron observar el portazo que el Ejecutivo central le dio a los mediadores internacionales que ayer hicieron un llamamiento para que se sentara a negociar con la organización criminal, dado que «está dispuesta a dialogar».
Y es que Interior rechazó la propuesta -así como la invitación a hablar con los activistas-, argumentado que la Guardia Civil y la Policía son las que verifican una «eventual disolución» de ETA. En un comunicado, sostuvo que el Gobierno «no necesita» de verificadores internacionales, ya que con esos dos Cuerpos de Seguridad «se ha derrotado a la banda».
De este modo, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz respondió al representante de la Comisión de Verificación (CIV) y director del Centro del Grupo de Asesores para el Diálogo (DAG) de Amsterdam, Ram Manikkilingan, quien había manifestado, horas antes, que el grupo tiene «un canal directo con ETA», cuyos dirigentes les habían asegurado que la banda está «unida» en su decisión de abandonar las armas.
Y es que los negociadores habían querido transmitir «esperanza» a la sociedad vasca al ver que ETA se esfuerza «a diario» para mantener su palabra de que no volverá a atentar, si bien se mostraron preocupado por la existencia de arsenales.
«Pasos pequeños»
Asimismo, el verificador reconoció que «ha habido movimientos importantes desde Madrid, que son pasos pequeños, pero van en la dirección adecuada», en referencia al Plan de Reinserción de Presos planteado por el Gobierno del PP. A su juicio, «una política penitenciaria más flexible podría ayudar».
En distinta onda se situó el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, que subrayó que el papel de su departamento es dedicarse a aplicar «escrupulosa y estrictamente la ley, no nos vamos a mover ni un ápice».
No es de la misma opinión la presidenta y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, que aseguró que tanto ella como su partido trabajan «todos los días» para «no hacerse acreedor nunca de un título de traición», en relación con el nuevo programa penitenciario anunciado hace dos semanas.
