Los resultados electorales cosechados por la izquierda abertzale en las dos últimas elecciones y el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA han revertido la situación en el Colectivo de Presos. La apuesta mayoritaria ahora es esperar a una solución global, incluyendo la amnistía, y la banda no quiere volver a la situación de división de los últimos años en los que se sucedían las deserciones individuales. De ahí, que la organización haya retirado los nombres de la histórica y mediática Idoia López Riaño, La Tigresa, y su novio, Joseba Arizmendi, de la lista del grupo de encarcelados por arrepentirse de sus delitos, lo que en la práctica supone su expulsión de una banda que, en lugar de pensar en la unión de sus prisioneros, debería proponer la entrega de sus armas y poner fin a sus más de 50 años de historia.
López Riaño, extraditada por Francia el 9 de mayo de 2001 y que lleva prisión en España desde entonces, está recluida en la prisión alavesa de Nanclares de Oca desde junio de 2010, adonde fue trasladada después de firmar un documento en el que se desmarcaba de ETA.
También entonces se trasladó a esa cárcel, cercana a Vitoria, a su pareja, Joseba Arizmendi.
Instituciones Penitenciarias informó de esos movimientos y explicó que La Tigresa y Arizmendi, pese al acercamiento, mantenían el primer grado de régimen penitenciario -el más duro- por su largo y sangriento historial delictivo.
Ahora, ambos han sido expulsados de la banda y, por ello, perderán los apoyos que reciben otros presos, a quienes se ordena que eviten entrar en contacto con los marginados.
López Riaño está implicada en 23 asesinatos cometidos por la banda terrorista desde principios de los 80 hasta su detención en 1994. La Tigresa ha recibido varias sentencias condenatorias, entre ellas una de 1.572 años de prisión por el atentado perpetrado en 1986 por el comando Madrid de ETA en la plaza de la Republicana Dominicana en la capital de España, en el que murieron 12 guardias civiles.
Por su parte, Joseba Arizmendi Oiartzabal participó en el asesinato del guardia civil Francisco Robles Fuentes en la localidad de Pasajes (Guipúzcoa) en mayo de 1991 y en el del vecino de Rentería Raúl Suárez, un mes después.
A diferencia de otras ocasiones, la banda no ha hecho publicidad de esta última purga, aunque sí se lo ha comunicado a sus presos. Al principio, la organización trató de frenar los abandonos publicitando sus expulsiones por medio de comunicados que, después, aparecían en prensa, con el objetivo de dar a conocer en el entorno lo que ellos consideran una traición. En la mayoría de los casos se traducía en un rechazo social al preso y a sus familiares entre el mundo abertzale, lo que ejercía un efecto disuasorio entre quienes se estuviesen pensando dar el paso de romper.
Al continuar el goteo de bajas voluntarias, la banda decidió llevar a cabo limpias silenciosas: quienes se salían reiteradamente de la disciplina etarra o eran trasladados a Nanclares tras romper con la violencia terminaban desapareciendo de las listas oficiales del colectivo. Esto implica dejar de recibir asignaciones mensuales, perder el derecho a abogados de la banda o las ayudas para que sus familiares les visiten en prisión.
Con estas nuevas bajas, ya son 19 los etarras expulsados por su disidencia desde 2010.
