Lejos han quedado los tiempos en los que ETA se podía presentar como una banda activa y temible. Hoy sus dirigentes son encarcelados, sus atentados son menos frecuentes y el uso de la violencia cada vez tiene un mayor rechazo.
Sin embargo, el sueño de la independencia de España seguirá presente en la política vasca.
A pesar de sus habituales amenazas, el grupo separatista no solamente parece incapaz de llevar a cabo una campaña continuada de atentados, sino que garantizar la seguridad de sus dirigentes durante más de unos meses parece también lejano.
El arresto el pasado fin de semana de Jurdan Martitegi lo convierte en el cuarto máximo responsable de la banda armada en ser detenido en menos de un año.
Estas capturas, junto con una falta de éxito político, han alimentado el debate en el seno de la izquierda abertzale sobre si deberían dejar las armas, según comentaron fuentes del Gobierno y varios periodistas con contactos en círculos independentistas vascos. «Nada mina más la voluntad de continuar con la violencia que las dificultades de ETA para desarrollar campañas sostenidas de atentados y la captura de sus dirigentes más significativos», escribió hace unos días Florencio Domínguez en el diario El Correo.
«Se incrementa la desmoralización de todos los miembros del mundo etarra, entre ellos los presos», agregó, en referencia a las noticias sobre las quejas desatadas entre el colectivo de reos etarras sobre la utilidad de continuar con la lucha armada.
A los golpes a su capacidad de atentar se unen los reveses políticos. Sus aliados no pudieron concurrir a las elecciones autonómicas en el País Vasco, y el número de papeletas nulas, que se suele usar para calcular su apoyo real entre la población, cayó un 30 por ciento hasta 100.000, alrededor de un 10 por ciento del actual electorado de la comunidad.
Al mismo tiempo, los simpatizantes de Aralar, un partido que pide la independencia del territorio pero que condena la violencia, creció notablemente al seis por ciento. «Lo que ha descendido es no tanto el nivel de apoyo político, el respaldo a las ideas que apoya el mundo de la izquierda abertzale, sino la defensa del uso de metidos violentos para conseguir dichos fines», adelantó Carlos Barrera, profesor de política en la Universidad de Navarra.
Según el sondeo Euskobarómetro de noviembre del año pasado, el 30 por ciento de los ciudadanos vascos confesó tener «grandes deseos» de independencia, mientras que otro 31 por ciento afirmó que eran aspiraciones «pequeñas» y un 25 por ciento confesó que no pensaba en ello como algo posible.
Tras los últimos comicios autonómicos, celebrados el pasado 1 de mayo, el Partido Nacionalista Vasco se va a quedar por primera vez fuera de la Lehendakaritza (Ejecutivo vasco), tras un acuerdo entre Partido Popular y el socialista que permitirá que haya un líder del PSOE. No obstante, el PNV sigue siendo el grupo mayoritario y en los comicios autonómicos sumó un escaño más que hace cuatro años.
El desencanto separatista con la violencia creció tras el fracaso de la última tregua de ETA, rota con el atentado en Barajas en diciembre de 2006, y la tolerancia con la banda se ha ido reduciendo tras la repulsa generalizada por los ataques islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, afirmó el profesor Barrera.
Ahora, incluso algunos de los aliados de ETA en la ilegalizada formación Batasuna están, al parecer, valorando la posibilidad de acabar con la violencia. Uno de los más destacados es Arnaldo Otegi, según escribió en su blog el experto vasco Juan de Frommknecht, quien afirmó que el Gobierno exigirá un final definitivo de la violencia. «Otegui sabe que, en esta ocasión, ellos deben dar el primer paso y el único efectivo es ése», manifestó De Frommknecht. «El abandono definitivo de la lucha armada por parte de toda la banda terrorista ETA o de un sector importante de la misma».
Pero a pesar de su declive efectivo, el grupo radical puede aún hacer daño. «La presión interna y las disidencias con su postura de seguir matando pueden propiciar, precisamente, un mayor esfuerzo en conseguir un atentado de gran impacto», agregó.
Garzón actúa
El juez Baltasar Garzón comunicó ayer su procesamiento por integración en ETA a la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, de ANV, que se encuentra en libertad bajo fianza de 30.000 euros tras haber permanecido tres meses en prisión por esta causa.
Con las comparecencias de ésta y del presidente de ANV Kepa Bereziartua, el magistrado ha terminado de comunicar su procesamiento a 45 miembros de la cúpula de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV. Además, ordenó el ingreso en la cárcel, de modo incondicional, de cuatro de los seis etarras detenidos el pasado fin de semana en el País Vasco, por el delito de integración o colaboración en organización terrorista. Entre los documentos requisados había un mapa con dos localidades gerundenses marcadas con un círculo.
