Un grupo de ciudadanos españoles presentó ayer en Estrasburgo la primera demanda por la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que reúne 105 casos de 305 padres e hijos que han objetado contra esta materia.
La reclamación invoca los artículos número ocho (Derecho al respeto de la vida privada y familiar), nueve (Libertad de pensamiento conciencia y religión), y dos del Protocolo número uno (Derecho a la educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Asimismo, el escrito también expresa la queja por la violación del artículo 14 (Prohibición de discriminación) del citado acuerdo y solicita una compensación equitativa, sin cuantificar, por «los daños morales causados».
También se pide la aplicación de medidas provisionales (artículo 39 del Reglamento del Tribunal) «que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC».
Los demandantes están representados por los abogados José Luis Bazán y Francisco Javier Ramos Vega, ambos de Profesionales por la Ética, y Roger Kiska, de Alliance Defense Found, organización que ha participado como tercer interviniente en varios casos del Tribunal.
Bazán señaló que los demandantes «no renuncian a sus derechos» y es la Nación «quien tiene que renunciar a su arbitrariedad».
«Hay niños objetores que han tenido que ir al psicólogo», aseguró Bazán, y algunos directores de colegios «critican la conducta de los padres de los pequeños delante de ellos», al tiempo que subrayó la «presión existente por la espada de Damocles del concierto escolar». De los 108 niños y niñas que firman la demanda, el 40 por ciento estudia en centros docentes concertados, el 35 por ciento en públicos y el 25 por ciento en privados. Casi la mitad de los alumnos, de entre 10 y 16 años, cursa en colegios de Castilla y León, pero también los hay de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia.
La representante de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, recordó, en una conferencia de prensa, que se han presentado 55.000 objeciones de conciencia para una materia que supone «adoctrinamiento y proselitismo», según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Supremo se pronunció el año pasado en contra de que se pueda objetar contra esta materia. Tamayo añadió que «la batalla continúa en Estrasburgo» y que es «una cuestión de conciencia», que «ha generado un conflicto social sin precedentes en España». Por su parte, Miguel Gómez Agüero, padre de cuatro hijos, dos de los cuales no entran a clase de EpC, acusó de «insensibilidad» al Gobierno y afirmó que «la libertad tiene un precio, también para un niño de 11 años».
EpC y los Derechos Humanos es el nombre de una asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y Secundaria en España por el Parlamento. Consiste en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales. Según establece el Real Decreto 1631/2006, tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.
