El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reexamina hoy la sentencia dictada contra España por aplicar la doctrina Parot a la terrorista de ETA Inés del Río Prada, en una única audiencia en la que los jueces de la Gran Sala escucharán a las partes. El Gobierno nacional solicitó la revisión del caso después de que el 10 de julio de 2012 la Sala Tercera de la Corte europea condenara por unanimidad al país y declarara «irregular» la aplicación de esta tendencia jurídica.
La citada sentencia, que incluyó una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la criminal, solo hacía referencia a esa presa de ETA, pero, meses después, una treintena de reos de la banda afectados por esa práctica demandaron a España ante el Tribunal de Estrasburgo.
La doctrina Parot se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de 2006 por el que «la ejecución de la totalidad de la condena comenzará con las penas más graves» y los beneficios penitenciarios se aplicarán individualmente para cada una, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta el límite legal.
Sin embargo, el fallo de Estrasburgo recordó en julio que el Convenio Europeo de Derechos Humanos «prohíbe que el derecho penal se interprete de forma extensiva en detrimento del acusado».
La sentencia europea, que tardará meses en conocerse, es inapelable y en caso de que confirme la sanción a España abrirá la puerta para la revisión de numerosos casos de presos a quienes se aplicó la doctrina Parot. De esta forma, podrían salir de la cárcel 54 criminales de ETA, siete terroristas de los Grapo, un miembro del GAL y otros 23 violadores, asesinos en serie y narcotraficantes.
Muchas voces se han alzado en contra del previsible fallo de Estrasburgo a favor de derogar esta práctica. La Asociación de Víctimas del Terrorismo entregará hoy en el Tribunal Europeo más de 10.000 firmas a favor de que se continúe aplicando en España. En la misma línea, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, remitió una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, para trasladarle la importancia de esta tendencia jurídica tiene para la reparación de las víctimas.
Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar advirtió de que «no es aceptable» que se exija a un Ejecutivo «que los asesinos salgan a la calle sin pagar por sus crímenes ni pagar por ello». Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, subrayó que no se puede establecer «una tarifa plana para el asesinato», de manera que se pague «la misma condena por cometer un asesinato que 10».
