Han pasado varios días desde el fatídico martes 29 y a fecha de hoy el Gobierno del Estado sigue sin aplicar los instrumentos Constitucionales previstos y desarrollados por Leyes Orgánicas para coordinar y dirigir la catástrofe humana y material que ha supuesto la riada de Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía. Entre los principios que sustenta el derecho a la autonomía que marca nuestra Constitución, el principio de solidaridad obliga a intervenir a las autoridades del Estado cuando circunstancias extraordinarias hicieran posible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes de las autoridades ordinarias competentes. En cualquier administración responsable que se precie de tal es así. Hace pocas semanas en EEUU, país formado no por autonomías sino por Estados!! era el propio Gobierno Federal Norteamericano y las herramientas federales quienes lideraban la gestión, incluso antes de la llegada del último huracán que afectó al sur este de EEUU.
En este caso que nos ocupa no es así; el artículo cuarto del capítulo II del R.D 4/1981 faculta expresamente al Gobierno a declarar el Estado de Alarma en parte del territorio nacional cuando catástrofes o desgracias públicas con origen en …inundaciones… provoquen la paralización de los servicios públicos esenciales, así como el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Hay casos en los que afectando solo la crisis a toda o una parte de la autonomía se faculta su petición al Presidente autonómico correspondiente, caso que no cabe en la actualidad pues este fenómeno ha afectado al menos a tres Comunidades Autónomas diferentes y por lo tanto solo al Presidente Sánchez le compete su puesta en marcha.
Una ejecución de la catástrofe y coordinación de la misma en un solo mando de acuerdo con el conjunto de las autoridades regionales y aplicando la eficiencia. Ni más ni menos que lo que están pidiendo los ciudadanos a gritos desde hace días, pues esta declaración debiera estar en vigor desde la madrugada del pasado miércoles. Pero hasta la fecha no es la línea que quiere marcar Moncloa quien prefiere que sea el Presidente Valenciano, región más afectada, quien pida “lo que necesite”. Por si fuera poco, el actual Ministerio dirigido por la quizá futura vicepresidenta de la Comisión Europea carga contra Valencia, haciendo a esta región responsable de la interpretación de las alertas que lanza la AEMET, lavándose las manos sobre la responsabilidad del aviso y haciendo lo mismo en la gestión de la crisis (decíamos antes que en EEUU el Gobierno Federal se puso al frente antes de la llegada de a emergencia, pero aquí se culpa al que la interpretó después).Todo un despropósito viniendo de una autoridad que ha ordenado destruir centenares de azudes y presas en todas las cuencas hidrográficas. Y es que en esta cuenca se han destruido casi 30 azudes que regulaban la velocidad de las aguas que realmente es su principal función, tengan un uso determinado o no; precisamente en las zonas donde se acumularon las aguas que después bajaron sin control al litoral. Son muchos los proyectos de regulación de las aguas que duermen el sueño de los justos en los archivos de las confederaciones hidrográficas. Presas, azudes, retenciones y otras obras que deberían estar ejecutadas hace años y que por razones políticas no se han puesto en marcha. Recordemos la personal derogación del Plan Hidrológico Nacional, esencial para el Mediterraneo, por el señor Zapatero y su ministra Narbona, la misma que cerró el proyecto del embalse de Bernardos, aquí en Segovia. No solo es que se nos ha privado de su uso y función moderadora para la brutalidad de las aguas, sino que los pocos recursos que se emplean en corrección hidrográfica se han ejecutado en la demolición de aquellas otras de las que expertos en la materia tendrán que dar su opinión para esta catástrofe. Muchos años llevamos hablando del cambio climático y de su lucha. Unos efectos adversos para los que no se han implementado solución alguna más que invadir tierras generadoras de alimentos con paneles solares; proyectos fracasados de implantación masiva de coches eléctricos, e infinidad de parques eólicos en el país que cuenta con más frecuencia de paso de especies migratorias del mundo. Ninguno de ellos ha servido ni servirá para parar un cambio climático que es muy superior al que nos anuncian y en el que serán claves las infraestructuras hidráulicas que frenan la velocidad de las aguas, retienen su virulencia y anticipan las catástrofes con tiempo necesario para alertar a la población como recordé el pasado febrero en mi última conferencia en Barcelona en plena sequía. Y por si fuera poco estas obras almacenan agua para los largos periodos estivales. Un cambio climático del que las arrugas de la corteza de la madre tierra nos certifica que en milenios pasados ya sufrió su virulencia, tiempos donde no existía el “contaminante y culpable” motor de combustión interna. Pero claro, en los últimos 50 años, quienes defendíamos y defendemos en balde las infraestructuras hidráulicas y la repoblación de sus cuencas con pinos éramos “franquistas”. Los que han defendido lo contrario, destruyendo presas y azudes; no adaptando los riesgos de aguas arriba con infraestructuras hidráulicas de corrección y contención de protección al desarrollo urbanístico de aguas abajo son ……“progres”. En fin, es lo que hay.
