El Estado recurrirá la sentencia judicial que la semana pasada dejó sin culpables la catástrofe del Prestige, la mayor tragedia ecológica en la Historia de España, en un intento por tratar de recuperar el dinero que costó la limpieza de las costas teñidas por la marea negra.
«El propósito del Gobierno no es revisar las decisiones» judiciales, sino «insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles y que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro», manifestó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al confirmar ayer que la Abogacía del Estado presentará el recurso en casación.
A él se unirá el Ejecutivo regional de Galicia, frente a cuyas costas se hundió el petrolero hace ahora 11 años. «Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de quién paga», manifestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El tribunal que juzgó el caso del Prestige exoneró de responsabilidad en la catástrofe al capitán, al jefe de máquinas y al entonces director general de la Marina Mercante, los tres acusados juzgados.
El capitán recibió una condena, pero leve y no relacionada con la causa de la tragedia: nueve meses de prisión por haber desobedecido durante tres horas las órdenes de las autoridades españolas.
