España podría perder en los próximos siete años casi 20.000 millones de euros en ayudas regionales y agrícolas de la UE respecto a lo que recibe en la actualidad, si prospera la propuesta de presupuesto para el período 2014-2020 presentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, según informaron ayer fuentes diplomáticas.
Van Rompuy ha planteado un recorte de hasta 80.000 millones de euros a la propuesta original de Bruselas, en un intento de contentar a los países contribuyentes netos y facilitar un acuerdo sobre el presupuesto plurianual en la cumbre que se celebrará el 22 y 23 de diciembre.
El Gobierno está «descontento» con la propuesta y no le parece aceptable, porque concentra los recortes en las dos partidas que más benefician a España: los fondos estructurales y la política agrícola común. Según las primeras proyecciones, España perdería en concreto más de un tercio de las subvenciones regionales y un 17% de las ayudas agrícolas.
Además, el planteamiento no tiene suficientemente en cuenta la situación de las naciones más afectadas por la crisis, según denuncian las autoridades españolas. En particular, el reparto de fondos se calculará con los datos de renta 2007-2009, que todavía no reflejan plenamente el impacto de la doble recesión. Van Rompuy ofrece una cláusula de revisión del marco financiero, pero no concreta qué cosas podrían renegociarse.
A España tampoco le gusta «nada» que se reduzca del 66% que proponía Bruselas al 57% el volumen mínimo de fondos que recibirán Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha entre 2014 y 2020 en comparación con el período actual. También recibirán subvenciones específicas , aunque inferiores, todavía difíciles de calcular Murcia, Canarias y Melilla al quedar catalogadas como «regiones en transición» (con PIB entre el 75% y el 90%).
Para todas estas comunidades, la propuesta Van Rompuy recorta de 400 a 300 euros la prima por parado prevista para las regiones cuyo nivel de desempleo supera la media, algo que el Ejecutivo popular considera también injusto.
España reclamará que, por encontrarse en crisis, se le aumente la tasa de cofinanciación de los fondos europeos (que está de media en el 75%), ya que la autoridades regionales tienen difícil poner el dinero restante como consecuencia de los recortes.
Otra de las propuestas incluidas en el plan Van Rompuy que el Gobierno rechaza es que se congelen las ayudas regionales a los países con débito excesivo que no sigan las recomendaciones de la UE. Considera que se trata de un «doble castigo», ya que el incumplimiento del déficit ya acarrea la imposición de multas.
En todo caso, las autoridades nacionales restan trascendencia a la negociación del presupuesto de la UE, porque solo representa el 1% del PIB comunitario. Cualquier bajada de la prima de riesgo generaría rápidamente ahorros superiores a los 20.000 millones de euros en juego, sostienen. Además, por primera vez España será contribuyente neta a las arcas comunitarias y por ello es partidaria de contener el gasto.
