El Gobierno indemnizará «con disgusto» al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenara a España en 2011 a pagar al líder de la izquierda abertzale con 20.000 euros. La sentencia fue motivada por los «daños morales» que se le había causado al exdirigente batasuno al considerar que se vulneró su derecho a la libertad de expresión al condenarle por injurias al Rey.
El Ministerio de Justicia procedió ayer a tramitar la sentencia que en marzo del pasado año condenó a España a pagar 20.000 euros -más 3.000 de costas- a Otegi por los «daños morales» que le había causado al vulnerar su derecho a la libertad de expresión cuando fue condenado a un año de prisión por llamar al Rey «responsable de los torturadores».
Así lo confirmó el ministro Alberto Ruiz Gallardón, que manifestó su «discrepancia» pero, a la vez, su «acatamiento». Además, aclaró que el Ejecutivo debe respetar las decisiones del TEDH, aunque «esté más conforme con las resoluciones de la justicia ordinaria española ratificadas por el Tribunal Constitucional».
«No soy yo partidario de lo que se ha hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros, porque no me guste la resolución. Prefiero pensar que no han tenido un conocimiento tan extenso, como sí lo han tenido nuestros tribunales. Pero nuestra discrepancia teórica y jurídica y el disgusto no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal», añadió.
Mientras, en Madrid, se libraba otra batalla bien distinta, ya que Amaiur pidió en el Congreso datos sobre la Guardia Civil y la Policía en el País Vasco y Navarra. «En vez de eso, ustedes deberían solicitar la disolución de ETA», les reprochó el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano.
Horas después, se disparó la polémica al haber animado públicamente el presidente francés, Nicolas Sarkozy, a España a acercar presos a las cárceles de Euskadi. La coalición abertzale se escudó en estas palabras para atacar al Ejecutivo central y reprocharle que seguía en las «trincheras». UPyD le pidió que no se saliera «un milímetro» de su posición defendida hasta ahora.
La respuesta fue inmediata. El Ministerio del Interior aseguró, a través de un comunicado, que mantendrán su política penitenciaria a pesar de las declaraciones de Sarkozy. Desde el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se afirmó que ellos también desean el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, pero matizando que por eso defienden las reinserciones individuales para los reclusos de la banda. Por último, se solicitó a Amaiur que deje de «manipular» a los reos de la banda.
