El Estado español continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total —dato de la Fiscalía General del Estado—. Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento español y miles de ciudadanos quedan excluidos de los comicios.
“Este es el problema más radical y estructural. Lo permite la legislación electoral”, advierte el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press, que recuerda que la Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental.
En 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que había firmado tres años antes. Según recuerda el presidente del CERMI, “Naciones Unidas advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia electoral al no modificar la LOREG”.
A su juicio, se trata de una cuestión de “voluntad política”. En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Ha pasado más de un año y medio y desde el Ejecutivo no ha salido ningún informe al respecto.
“No cuesta nada acometer este cambio”, lamenta Pérez Bueno, que asegura que el Ministerio del Interior, que es el organismo competente en materia electoral, “insiste en que no es necesario modificar la ley”, pese a la advertencia de la ONU, la petición del Congreso de los Diputados y la insistencia del Real Patronato de la Discapacidad.
