La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han impuesto a España una nueva agenda de reformas financieras que debe emprender tras el fin del rescate bancario, que expiró el pasado 23 de enero, con el objetivo de reforzar la solidez de la banca y su capacidad de dar crédito a la economía real.
En particular, las dos instituciones de la troika piden al Gobierno de Rajoy que vigile que las diferentes medidas para limitar los desahucios a nivel nacional y regional no ponen en riesgo la estabilidad financiera; que no permita que vuelvan a venderse a los particulares productos financieros como las preferentes; y que preserve la unidad del mercado de servicios financieros en España frente a las diferentes leyes autonómicas.
En su informe final sobre el rescate bancario, Bruselas y el BCE avisan que la debilidad de la economía española continúa siendo el principal riesgo para la banca. «La recuperación económica sigue siendo frágil mientras se abordan los desequilibrios y está sujeta a riesgos internos como un cambio en el actual entorno financiero global benigno y la ralentización de los mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica, zona a la que las empresas españolas están particularmente expuestas», subrayan.
Además, «pese a los brotes verdes, los altos niveles de paro y la debilidad del mercado inmobiliario siguen suponiendo fuertes dificultades para la rentabilidad de los bancos y los esfuerzos de recapitalización», señala el texto.
«La rentabilidad del sector bancario se verá afectada en los próximos años por los bajos niveles de intermediación y la creciente presión en la calidad de los activos», avisan los inspectores. En este sentido, admiten que la contracción del crédito al sector privado en 2013 ha sido mayor de lo inicialmente previsto. «No obstante, se espera que el crédito al sector privado toque fondo en 2014», pronostican.
Por todo ello, la troika reclama en primer lugar al Gobierno de Mariano Rajoy y al Banco de España que vigilen que las entidades refuerzan su capital para prepararse para los test de estrés que realizará el BCE en los próximos meses. «Pese a los buenos progresos logrados en la estabilización, los bancos y las autoridades españolas deben estar preparados para tomar medidas correctivas si es necesario, en caso de que los test del BCE revelen un déficit de capital en algunos bancos», avisa el informe.
Las autoridades españolas también deben controlar que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración (Sareb) se deshaga a buen ritmo de su cartera de inmuebles minimizando el coste para los contribuyentes, pese a que prosigue el ajuste en el sector inmobiliario.
En cuanto a las reformas, los inspectores reclaman al Gobierno en particular que apruebe la «retrasada» ley sobre servicios profesionales, las reformas en marcha sobre la Administración pública, la revisión del sistema tributario y «un refuerzo adicional de las políticas laborales».
La Comisión y el BCE afirman que, pese al fin del rescate bancario, seguirán vigilando la situación España, tanto la del sector financiero como la de la economía en su conjunto. El Ejecutivo comunitario enviará dos misiones al año a Madrid hasta que se haya devuelto al menos el 75% de los 41.300 millones de euros del rescate, mientras que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), mantendrá la vigilancia hasta el reembolso del 100%
