En España hay un total de 6.045 víctimas del terrorismo reconocidas oficialmente por el Gobierno y que han recibido o reciben sus respectivas indemnizaciones como damnificados de la violencia, según datos del Ministerio del Interior introducidos en una respuesta parlamentaria escrita.
Una de las novedades del Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo fue la retroactividad mediante la cual se amplió el número de víctimas reconociendo a todas aquellas personas que hubiesen sufrido atentados terroristas desde el 1 de enero de 1960, año de la primera víctima mortal de ETA, la bebé Begoña Urroz.
Además, las víctimas pueden desde entonces reclamar la diferencia entre las ayudas inicialmente recibidas y su cuantía actualizada, así como reclamar nuevos conceptos de indemnización incluidos en la legislación. El Gobierno calculó en su momento que en ello gastaría alrededor de 77,5 millones de euros en los próximos dos años.
Los esfuerzos del Ejecutivo se centraron también en ‘blindar’ la norma para impedir que los terroristas pudieran acogerse como beneficiarios de ella. De hecho, el Ejecutivo ya ha retirado las indemnizaciones a al menos 46 víctimas del GAL y otros grupos como el Batallón Vasco Español.
Alegan que cuentan con “informes” que prueban de forma “suficiente” su “pertenencia” a ETA. En una respuesta parlamentaria escrita, el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz defiende por tanto su decisión de retirarles las ayudas ya que no cumplen con todos los requisitos exigidos para ello.
