Con más de 30 detenidos y casi un centenar de investigados, Pedro Sánchez —ese presidente que genera un rechazo visceral en amplios sectores de la sociedad— nos sorprende con la simpleza de culpar al cambio climático de la ola de incendios en España. Definitivamente nos toma por tontos.
Los incendios forestales en España no son hechos puntuales sino fenómenos recurrentes, y lo que se haga o no se haga hoy condiciona lo que ocurrirá en los próximos veranos. Ante una oleada de incendios, el Gobierno debería actuar en dos planos: el de la emergencia inmediata y el de la prevención estructural a largo plazo. Y debería haber actuado con premura porque el artículo 116 de la Constitución habilita al Gobierno a declarar el estado de alarma en caso de catástrofes naturales (como incendios masivos). Bien es cierto que es una facultad del Ejecutivo, no una obligación automática, aunque en la práctica sí es su deber político y jurídico garantizar la seguridad de personas y bienes en tales casos.
Por eso, tendría que haber organizado una movilización rápida de medios aéreos y terrestres porque la clave en los incendios es la rapidez. Cada hora perdida multiplica las hectáreas quemadas. La UME (Unidad Militar de Emergencias) y los retenes forestales deben estar en alerta máxima en cuanto hay riesgo alto.
Sería fundamental conseguir una coordinación real entre administraciones, ya que muchas veces la respuesta se fragmenta entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado. El Gobierno debería estar a la cabeza de un mando unificado en emergencias grandes como la que nos ocupa.
Debería asegurar evacuaciones ordenadas por parte de Protección Civil y garantizar la seguridad de los habitantes de pueblos cercanos a los fuegos, con planes de evacuación claros y rutas señalizadas. Y por supuesto, apoyo a los damnificados habilitando ayudas rápidas para quienes pierden casas, ganado o cosechas. También, y esto es muy importante, debieron evitarnos la vergüenza de ver como meten a nuestros mayores en polideportivos sentados en sillas de madera mientras colocamos en buenos hoteles a la inmigración ilegal.
En lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es que se necesita una gestión activa de los montes ya que buena parte de los incendios arrasan porque los bosques están llenos de matorral seco y sin limpiar. No se trata de repoblar sin más, sino de mantener el monte “vivo y usado” (aprovechamiento de biomasa, ganadería extensiva, recogida de leña).
Asimismo es clave impulsar la “España rural” como cortafuegos natural porque el abandono del campo ha convertido miles de hectáreas en polvorines. Por tanto, impulsar que haya ganaderos, agricultores y pequeños pobladores en esas zonas ayudaría a que los montes no fueran selvas intransitables. Y naturalmente, no estaría de más tomar conciencia de hacia dónde nos lleva la Agenda 2030.
También serían muy necesarias las campañas continuas sobre prevención, junto con sanciones ejemplares contra negligencias y pirómanos. Y la inversión en tecnología: satélites, drones y torres de detección temprana pueden permitir atacar un fuego antes de que se expanda. Por no hablar de una reforestación inteligente, porque no basta con plantar árboles, sino elegir especies
resistentes al fuego y crear franjas de discontinuidad (cortafuegos para que el incendio no se convierta en una “alfombra” imparable).
Y finalmente un Plan nacional contra incendios que no dependa de la improvisación, sino que sea una estrategia permanente, dotada de presupuesto y recursos estables. En resumen: ante esta oleada de incendios el Gobierno tendría que haber reaccionado con contundencia en lo inmediato y con visión de futuro. Lo primero salvar vidas y casas, lo segundo evitar que el año que viene volvamos a hablar de lo mismo. Todo menos no tomar ninguna medida y seguir con el slogan “si quieren ayuda que la pidan”.
Nota explicativa: la mayoría de las recomendaciones aquí expuestas no responde a mi especial conocimiento del tema, sino a diversas anotaciones tomadas sobre sucesivas propuestas de los grupos parlamentarios reflejadas en la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados con ocasión de situaciones similares a la actual, y a mis conversaciones con personas que sí entienden de cómo actuar ante estas catástrofes.
