Como dicen los clásicos, la diputada del Partido Popular Beatriz Escudero decidió pasar «de las musas al teatro» y concretó ayer en la Audiencia Provincial de Segovia su intención de denunciar a su homólogo segoviano del PSOE Juan Luis Gordo por las manifestaciones realizadas el pasado mes de julio en las que le acusaba de haber cobrado un sobresueldo de 36.000 euros en su etapa de concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia.
Pocos minutos antes del mediodía, Escudero llegaba al Palacio de Justicia para presentar ante la Fiscalía Provincial un escrito en el que solicita la apertura de diligencias de investigación sobre las declaraciones de Gordo y «sobre cualesquiera otras personas» que pudieran ser responsables de los hechos, tal y como reza el contenido del escrito.
La diputada solicita a la Fiscalía que cite a Juan Luis Gordo para que «explique el medio por el que ha podido acceder» a sus declaraciones fiscales que figuraban en la Agencia Tributaria y que se libre de oficio a la AEAT para que se identifique a las personas que hubieran accedido a esos datos en los últimos seis meses, «considerando que dicha información está registrada en soporte informático y cuenta con control de accesos».
Antes de entregar el escrito y la documentación justificativa que le acompaña, Escudero aseguró que las declaraciones de Gordo superan «lo admisible en la crítica política», ya que sus palabras «sembraban dudas» sobre su honorabilidad. A su vez, defendió que era «totalmente compatible y legal» compatibilizar su puesto como concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Segovia con otro trabajo como asesora jurídica de su partido. «Eso está recogido en mi declaración de la renta, que sí es pública y con todas las cotizaciones», añadió.
Al mismo tiempo, afirmó que «Gordo quiso sembrar dudas sobre mi persona hablando de sobresueldos en un momento en el que había una especial sensibilidad en la opinión pública», continuó, para asegurar que no iba a admitir que el diputado se valiera «de su condición de cargo público» para tener acceso a unos documentos «totalmente privados y que están protegidos por la Agencia de Protección de Datos», como es el caso del modelo 190 al que se refirió Gordo durante su comparecencia de julio.
Escudero aventuró que alguien en la Agencia de Protección de Datos pudo facilitar a Gordo esta información, y «eso hace que cualquier ciudadano esté expuesto a una inmunidad, porque cualquiera puede tener datos de una persona»; aunque eludió cualquier referencia hacia prácticas ilícitas de espionaje.
