Después de escuchar y estudiar las alegaciones interpuestas en los últimos meses para anular el proyecto de extracción sostenible de cuarzo en el nordeste segoviano, la empresa gallega Explotación de Rocas Industriales y Minerales (Erimsa), presentó ayer en rueda de prensa su proyecto minero sostenible.
Este proyecto contará finalmente con 434 tras la reducción anunciada en los últimos meses, lo que supone un 75% menos de la cifra inicial cuando se planteó la explotación de 1.962 hectáreas. Esto se traduce en la disminución de pueblos en los que se implantará pasando de los siete iniciales (Sepúlveda, Barbolla, Sotillo, Castillejo de Meselón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo) a tres (Castillejo de Meselón, Barbolla y Sotillo), algo que no parece contentar a la plataforma contra la mina, que lleva mese luchando para que no se levante el proyecto, ya que sostienen que este tendrá un gran impacto negativo en el medio ambiente, la salud y la economía local.
En su intervención, el director de Erimsa, José Antonio Valencia, subrayó que el proyecto para la extracción de cuarzo del que posteriormente se obtendrá silicio “una materia prime que la Unión Europea considera estratégica por sus aplicaciones en los procesos de transición ecológica hacía energías más verdes” supondrá sin duda “un impulso a la economía y el empleo de la zona”, algo que no comparten desde la plataforma ya que afirman que esto podrá afectar al comercio local ya que sufrirán una pérdida considerable de ingresos debido a la disminución del atractivo de la zona en caso de llegar a desarrollarse el proyecto.
Valencia quiso hacer referencia también a la compatibilidad del proyecto planteado por su empresa con el entorno, como ya sucede en Salamanca donde una actividad similar a la planteada en el nordeste segoviano “convive perfectamente con la población, los propietarios de los terrenos, los agricultores y los ganaderos” ya que desde la empresa mantienen que tienen “en cuenta el entorno que les rodea”.
Tampoco se olvidó de apuntar que trabajan “bajo supervisión de diferentes administraciones públicas” y cumplen “escrupulosamente” la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y de salud; respetando “todas las medidas de protección y prevención del medioambiente respecto a ríos, núcleos de población, espacios de Red Natura 2000 y los elementos que forman parte del patrimonio cultural del entorno”. Resaltando que si por algo se caracteriza Erimsa es por su profesionalidad y su experiencia de más de 40 años, en los cuales no solo han sido premiados en la categoría de ‘Buenas prácticas medioambientales’ en los Premios Europeos a la excelencia sino que han sido, a lo largo de su trayectoria, más de 800 propietarios los que han validado la restauración exitosa de sus terrenos una vez explotados.
La rueda de prensa también contó con la presencia del director técnico de Erimsa, Juan Carlos Álvarez, el catedrático de Edafología de la Universidad de Santiago de Compostela, Felipe Macías, el ingeniero técnico de Minas, Eduardo de la Orden y el geólogo Isidro Ibañez.
El proyecto
Las cifras del proyecto para la extracción sostenible de cuarzo en el nordeste segoviano han sufrido algunas modificaciones desde sus orígenes cuando se plantearon la totalidad de 1.692 hectáreas y siete municipios para la implementación del mismo. Finalmente trabajará únicamente en la primera fase, que corresponde a la zona ‘norte’ donde están los tres municipios que se mantienen en el proyecto (Barbolla, Castillejo de Meselón y Sotillo), quedando útiles 28 de las 97 cuadrículas mineras y que actualmente, se encuentran en periodo de tramitación.
Desde Erimsa han apuntado a la finalización de la exposición pública, que culminó con la recepción de alegaciones, 1.300 por parte de la Plataforma contra la mina y los vecinos que a finales del pasado año reforzaban el rechazo a este intento de explotación minera en la provincia, y a la que se sumaron las voces de asociaciones, colectivos locales y consistorios.
Tras esto, como aseguro el director, están recibiendo los informes de los organismos sectoriales “esperamos que Industria pueda remitirlo a Medio Ambiente para el proceso de captación ambiental”. Con todo ello, expusieron que trabajan con el plazo de un año para presentarlo al órgano sustantivo para que lo presente al órgano medioambiental. “Si no hay contradicción lo tendrán que resolver en cuatro meses”, subrayó Valencia, mientras lamentaba que dudan en tenerlo en este plazo “por experiencia personal”. Por lo que su puesta en marcha se retrasaría hasta 2026.
Desde la empresa también quisieron tranquilizar a la vecindad señalando que este proyecto “no generará perjuicio a la salud y al medio ambiente”, algo que no comparten desde la Plataforma Contra la Mina, desde donde aseguran que si que tendrá una afectación ambiental sobre hábitats naturales “poniendo en peligro especies protegidas existentes como el milano real y el lobo ibérico” alterando también La flora y fauna local que “enfrentan amenazas debido a la alteración de su entorno, lo que también perjudica la biodiversidad de la región”.
En cuanto al posible impacto sobre la salud aseveran que “el polvo de sílice que se libera durante la minería se asocia a problemas respiratorios graves. Estas partículas se esparcen en el aire, afectando a quienes viven y trabajan en las inmediaciones” algo que rebaten desde Erimsa insistiendo en el cumplimiento de normativas y en el sometimiento a mediciones periódicas “cuyos resultados están muy por debajo de los límites legales”.
La oposición a la mina sigue viva en el Nordeste de la provincia
La Plataforma creada en 2023 para luchar contra el proyecto tiene pensado continuar su cruzada para frenar la implantación del proyecto y llegar a cumplir su lema ‘Hectarea 0’
Lejos de aplacarse, la preocupación por el futuro de la zona nordeste de la provincia sigue muy viva en alcaldes, vecinos y asociaciones, así lo trasladan a este medio fuentes de la Plataforma contra la mina que aseguran que “seguimos oponiéndonos firmemente a este proyecto, independientemente de su tamaño”.
Creen que la reducción de hectáreas y municipios no es una solución “y no cambia la realidad” insistiendo en que “este es solo un tercio de uno de los proyectos en trámite ya que la propia empresa reconoce que tiene intención de actuar en otros derechos mineros de la zona”
Es por ello que la lucha para lograr esas ‘Hectáreas 0’ de la que ya hablaban en noviembre del año pasado, no parará “vamos a seguir presentando alegaciones si es necesario, informando a la población, movilizándonos y explorando todas la vías posibles, tanto a nivel autonómico, estatal y europeo para que este proyecto no se lleve a cabo”, no estarán solo en esta pelea ya que aseguran “contamos con un fuerte respaldo social e institucional”.
“El rechazo al proyecto es amplio transversal” apuntan desde la plataforma que, en permanente contacto con vecinos y alcaldes de los pueblos afectados, son conscientes de “su preocupación y oposición firme” un rechazo “basado en argumentos sólidos y documentados” exento, según ellos, de “cuestiones ideológicas”.
Desde la plataforma responden con rotundidad Erimsa, “cumplir la ley no garantiza que un proyecto sea beneficioso ni aceptado por la comunidad afectada” aspecto que en la rueda de prensa ofrecida ayer resaltaron, así como la “compatibilidad de su actividad con la agricultura” algo que desmienten desde la plataforma alegando que “un suelo removido a tal profundidad y rellenado posteriormente no recupera sus propiedades originales, afectando a la fertilidad y la estabilidad del terreno”, además aseguran que “el proceso de extracción dura décadas, por lo que los efectos se extienden mucho más allá del momento en que la empresa declara haber terminado”.
“Nos preocupa que en sus declaraciones, Erimsa haya afirmado que los plazos administrativos pueden alargarse de los cuatro meses previstos por ley hasta “dos, tres y cuatro años”, insinuando que la Junta de Castilla y León se retrasa en el proceso”, aseveran ya que consideran que con dichas declaraciones ejercen una presión para la aceleración de la tramitación del proyecto “que requiere, por su magnitud, un análisis minucioso”
Uno de los aspectos sobre el que Erimsa “no ha dado demasiadas explicaciones” ha sido el de los riesgos sanitarios, un punto clave en la argumentación de oposición por parte de la plataforma quien remarca que la empresa, ha citado el Real Decreto 1154/2020 que reconoce la sílice respirable como agente cancerígeno, pasando por alto “como aplicaran la normativa en Segovia”.
“En su rueda de prensa han llegado a comparar la dispersión de polvo con la calima” obviando que la diferencia es sustancial ya que “la calima es un fenómeno pasajero mientras que el polvo generado por una mina a cielo abierto puede estar presenta durante décadas”. Concluyendo que: “El impacto en la salud pública no puede ser ignorado ni minimizado con explicaciones vagas. Si Erimsa quiere instalarse en el nordeste segoviano, debe ofrecer garantías científicas y transparentes, no solo declaraciones generales sobre el cumplimiento de la ley”
Comisión Europea
Este debate, el de la explotación minera de la zona nordeste de Segovia, ha llegado hasta la Comisión Europea de la mano de Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, y César Luena, miembro de la Comisión de Medio Ambiente.
Ambos denunciaron el pasado diciembre ante la Comisión Europea el macroproyecto minero de Erimsa en la provincia señalando que el proyecto “trasladará los beneficios económicos fuera de la UE” puesto que está liderado por una empresa noruega, ya que Erimsa forma parte de la compañía Elkem AS, con mayoría de capital chino, y que “el procesamiento del mineral se realizará fuera de España y posiblemente de Europa”.
Por este motivo, pidieron a la Comisión que garantizase que “proyectos liderados por empresas extracomunitarias con impactos negativos en biodiversidad y economías locales se alineen con la autonomía estratégica y la sostenibilidad de la UE”. Además, preguntaron si este macroproyecto “podría vulnerar el principio de precaución del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la UE, dado su potencial impacto en el medioambiente, incluyendo biodiversidad, hábitats críticos, suelos y recursos hídricos, en la salud humana y en ZEPA y LIC cercanos”.
Tanto García como Luena también trasladaron su preocupación por los posibles riesgos climáticos y el aumento de emisiones de CO2 derivados de esta actividad pidiendo a la Comisión Europea medidas para abordarlos.
En declaraciones a este medio, y tras ser preguntado por el impacto del proyecto Luena ha querido poner de relieve “la preocupación de la ciudadanía y de los ayuntamientos afectados por este proyecto por los impactos que esta explotación minera pueda tener en el entorno natural y en la calidad de los suelos y el agua así como en la economía local, ya la degradación ambiental causada por la minería no solo afectaría la productividad de las tierras agrícolas, sino que también reduciría el atractivo turístico de la zona”, recordando que “hay que tener en cuenta que la agricultura, la ganadería y el turismo rural son las principales actividades económicas de la región”.
Al ser preguntado por la posibilidad de seguir llevando el tema al parlamento, Luena es cauto y asegura «vamos a dar tiempo a la Comisión Europea para que responda. Si con dicha respuesta no se despejan las dudas sobre el eventual incumplimiento de la legislación europea, seguiremos cuestionando e influyendo para que los actores económicos cumplan con la legislación”.
