O lo que es lo mismo: entre el control absoluto de la primera y el ansia desbocada de los segundos. Aquellos nos empujan a punta de pistola disuasoria hacia estos y estos nos reciben acorralándonos en sus chiringuitos digitales, sujetos a las cadenas de sus comisiones. El dinero que no esté en los bancos no existe para Hacienda o si existe, ha de ser este de un color que si no se demuestra lo contrario, forzosamente ha de pasar siempre de castaño oscuro. No hay término medio, no se admiten los ternos grises que suelen portar la mayoría de los ciudadanos. Todos somos presuntos defraudadores mientras no se demuestre lo contrario. Y con esta premisa en la cabeza, salen a pescar peces gordos con redes que no dejan pasar ni el bigote de una gamba y salvo la calderilla que nos permiten manejar por debajo de los mil euros, todo lo que exceda de esta cantidad ha de pasar por el fielato bancario, con puerta trasera conectada con la del Banco de España, es decir, con la de la Agencia Tributaria, o lo que viene siendo lo mismo, sometido al control último del Gobierno, que ya no se conforma con manejar nuestras voluntades sino que también quiere tener la mano permanentemente metida en nuestros bolsillos para decidir con lo que pueda quedarse.
Y para ello cuenta con el auxilio de las entidades de depósito, es decir con la ayuda tan necesaria como obligatoria de los bancos para que todo quede al alcance de sus ojos. Es cierto que los que no disponemos de más ingresos que los obtenidos por nuestros salarios, o los devengados por nuestras pensiones, poco o nada hemos de temer de lo que haga o deje de hacer Hacienda, hasta puede que nos parezca bien que se intenten evitar tanto conductas fraudulentas como el blanqueo de capitales de dudosa procedencia. Lo que ocurre es que nos sentimos obligados a caer en las fauces bancarias, conociendo la amenaza que si la oveja llega a salir del aprisco, tendrá que pagar de nuevo portazgo cuando regrese. Así corremos a depositarles nuestro dinero, el obtenido con nuestros esfuerzos ya sean estos presentes o pasados, al que irán dándole pequeños mordiscos que minen nuestra economía, a la vez que alteran nuestra estabilidad emocional, cabreados por no entender sobre todo la impunidad con la que se está actuando ante el cruce de brazos de un Gobierno que nada hace por impedirlo. Y no nos vale ir peregrinando con el dinero de entidad en entidad, pues como decían nuestros abuelos: cambiarás de molinero, pero nunca de ladrón. La otra alternativa sería la de guardar los ahorros debajo de los colchones o detrás de la taza del wáter, arriesgándonos y esta es otra, a que el dinero en efectivo acabe por desaparecer y el que tengamos guardado se le otorgue el mismo valor que el de aquellos duros antiguos a los que se aludía en unos conocidos tanguillos de Cádiz.
¿Son las comisiones consentidas la factura que paga el Gobierno a los bancos por ser estos sus mejores cómplices en la lucha contra los defraudadores? Y que dejan para los demás. No ya soportar que no te paguen intereses por dejar a unos pocos que jueguen con tu dinero, sino a tener que sufrir exageradas comisiones con las que eres consciente que contribuyes a que no descienda la cuenta de beneficios, que no para tapar los agujeros de sus pérdidas, porque cuando estas se han producido inmediatamente se vuelven hacia el papa Estado poniéndole ojitos. Podemos comprender, no somos lerdos, que cuando el tren de la economía se queda en vía muerta, es la locomotora la que tiene que ser reparada y no los vagones. Y hasta puede que soportemos con resignación este reparto de dividendos a nuestra costa, pero lo que no puede aguantar más la ciudadanía es que, gobierne quien gobierne, se consienta que se trate a los usuarios de los servicios bancarios (que somos todos) como si fuéramos apestados borregos, obligados a guardar largas colas, limitar los tiempos para retirar o ingresar fondos y a utilizar avanzados conocimientos tecnológicos vetados para un importante sector de la sociedad, que por su edad les resulta complicado subirse al vagón de las nuevas tecnologías y que, cuando nos llega el turno de ser atendidos personalmente, nos encontramos generalmente delante de estresados empleados que pese a su buena voluntad, están atados a las directrices emanadas desde la entidad, preocupados de poder llegar a cumplir con los objetivos impuestos y, sobre todo, de que no les toque la china de la siguiente restructuración de empleo.
Si el Estado nos empuja a caer en manos de los bancos, es el Estado el que debe de procurar que seamos acogidos al menos con la misma dignidad que debiera ser exigido a cualquier servicio público que resulte esencial para el ciudadano. Soy consciente que tal y como están actualmente configurados los servicios bancarios no lo son y puede que en ello radique el problema ¿costaría mucho que un gobierno ideológica y socialmente tan avanzado como demuestran en otras cuestiones de menor importancia, pudiera declarar la utilidad pública de las entidades de depósito para ayudar a aminorar el problema? Con la Banca hemos topado, verdad amigo Sánchez.
