Un joven político de izquierdas decía no acatar la Constitución, porque no la había votado. El argumento no se sostiene, pero puede servir de excusa para justificar lo contrario. Es decir, que en un Estado de derecho, todos los ciudadanos deben acatar la Constitución. Ese es, precisamente, el principio básico que sustenta una sociedad democrática. Pues se trata de un vínculo jurídico-político establecido legalmente entre quienes, libres e iguales, conforman el pueblo soberano. A todos obliga, tanto si votaron en contra, como si se abstuvieron o emitieron un voto nulo. Por cierto, en 1978, el texto constitucional fue ratificado por el 91,81%, siendo 8,19 el porcentaje de los votos en contra.
Pero el compromiso ciudadano no depende sólo de porcentajes. Según los usos democráticos más elementales, todas aquellas personas que, de una u otra forma, respondieron a la convocatoria que hizo el poder constituyente, se obligaron a aceptar el resultado de la votación. Por tanto, cualquiera que fuese el sentido de su voto, debieron acatar el texto constitucional. Quienes pudiendo no acudieron a las urnas, prescindieron voluntariamente de un derecho democrático. Por tanto, indirectamente, manifestaron su voluntad política contraria al referéndum, y al igual que el resto de los ciudadanos, están obligados por el resultado del conjunto.
Pero, cabe preguntar, si las personas que no votaron por no tener la edad requerida, o no haber nacido, están igualmente obligadas por la ley. En este caso, hay que aceptar la existencia de un hecho natural que precede a todo principio de orden legal. Cada generación es heredera de la anterior y entre ellas se da una “convivencia histórica” (J. Marías, “El método de las generaciones”). Cuando llegamos a este mundo, lo hacemos en un país y una época histórica concreta. Y encontramos un entorno natural y cultural definido por diversos factores: clima, idioma, historia, costumbres, situación económica, organización política, etc. En España, desde 1978, la Constitución forma parte del legado recibido, cuyo texto fue redactado por prestigiosos juristas y aprobado por el pueblo soberano, en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.
Al día de hoy, la Ley fundamental que define el marco legal ha regido la vida de varias generaciones. La sociedad española, a lo largo de más de cuarenta años, ha cosechado frutos abundantes. Es parte esencial de la herencia trasmitida, como lo es, por ejemplo, el trazado de la red de carreteras que fue proyectada tiempo atrás.
¿Quién se negará a circular por carreteras y autopistas, alegando que no fueron construidas con su aprobación? El relevo generacional es un hecho biológico indiscutible, que nos invita a valorar el legado que recibimos y el que dejamos en herencia. Una pregunta —quizá molesta— para quiénes tienen ahora responsabilidades de gobierno.
