Con esta resolución (antes conocida como auto de imputación) la continuación del procedimiento hacia la siguiente fase procesal que es la apertura de juicio oral, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El auto afecta al presidente del consejo de administración y del comité de retribuciones entre 2006 y 2010), Atilano Soto; Mariano-Manuel Agudíez vicepresidente 1º del consejo de administración y vocal del comité de retribuciones entre 2006 y 2010); Elena García vicepresidenta 2ª del consejo de Administración y secretaria del comité de retribuciones entre 2006 y 2010); Manuel Escribano, director general; Antonio-Luis Tapias, secretario general, y Enrique Q.H, director de recursos humanos hasta el día 1 de marzo de 2009 y desde esta fecha en adelante subdirector general de medios.
Los hechos que indiciariamente podrían tener relevancia penal por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida se hallan relatados en el fundamento jurídico primero de la resolución. En síntesis, seis directivos de Caja Segovia habrían diseñado en su exclusivo beneficio, siempre presuntamente y con absoluto respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia de los investigados, un plan de prejubilaciones con abuso de las funciones sociales que tenían encomendadas y en perjuicio de la entidad, por un importe superior a 17 millones de euros con cargo al ejercicio de 2010 y garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguros con la compañía Caser.
Por otra parte, en el auto se deniegan las diligencias de investigación solicitadas por la representación procesal de Fundación Caja Segovia, toda vez que la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado que sólo se practiquen aquellas diligencias de investigación que sean rigurosamente imprescindibles para determinar los hechos indiciariamente punibles y la determinación de sus autores, y las solicitadas no lo son.
Este auto se dicta en cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Provincial de Segovia el pasado 27 de enero, que revocó el sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2.
Dicho archivo, apoyado por la Fiscalía Provincial de Segovia, fue dictado antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitiera la sentencia (700/2016, de 9 de septiembre, recurso de casación núm. 41/2016) que enjuició las prejubilaciones de los directivos de Novacaixa Galicia, resolución que ha sido principalmente tomada en consideración por la Audiencia Provincial de Segovia para revocar el sobreseimiento.
Contra este auto cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y/o recurso de apelación (directa o subsidiaria) ante la Audiencia Provincial de Segovia en el plazo de cinco días hábiles.
