El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de investigar la presunta actuación delictiva del grupo funerario El Salvador, fundamentalmente derivado del ‘cambiazo’ de féretros antes de su incineración, acordó ayer la puesta en libertad de Ignacio M, hijo del propietario del negocio, tras prestar garantía hipotecaria.
Así lo confirmó ayer el letrado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, quien explicó que la cantidad afianzada es fruto de una hipoteca formalizada para cubrir los 800.000 euros que la juez del caso impuso al investigado, en la línea de lo que ya la pasada semana se hizo con su hermana, Laura, y que permitió a ésta ganar su libertad tras presentar fianza hipotecaria por 200.000 euros, tras las sucesivas rebajas acordadas de aquellos también 800.000 euros fijados en su día.
Las mismas fuentes apuntan que la puesta en libertad de Ignacio M.V. se produjo después de que un perito judicial evaluara los inmuebles que la familia utilizó como garantía hipotecaria con el fin de determinar si su valor cubre la fianza judicial impuesta por la instructora.
el padre en prisión
Así, Ignacio M.A, jefe del clan familiar y padre de los dos anteriores, es el único que permanece preso desde que los hechos presuntamente delictivos fueran destapados el 31 de enero, ya que la instructora acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Los tres están siendo investigados, junto a otras 22 personas, en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que practique el Juzgado de Instrucción 6 permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.
La excarcelación del segundo miembro de esta familia se produce después de que en el día de ayer se conociera el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en apoyo de la solicitud de la instructora para que la causa sea declarada ‘compleja’ y, en consecuencia, se facilite a la juez el apoyo necesario para la instrucción de la misma mediante la asignación del personal suficiente, entre cuyos medios se demanda un equipo compuesto por un inspector y un subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, para facilitar el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida.
