La vicepresidenta del Gobierno confirmó ayer que el Ministerio de Empleo va a dialogar con los agentes sociales, sindicatos y patronal, para buscar un acuerdo respecto a la futura ley de servicios mínimos. Según Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo buscará proteger el derecho de los ciudadanos a recibir las prestaciones públicas esenciales. Mientras, el PSOE mostró su malestar y pidió la comparecencia de la titular de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso.
Según la vicepresidenta, en manifestaciones realizadas después del Consejo de Ministros, la «Constitución es clara en cuanto al derecho de huelga, sus circunstancias y sus límites», pero la nueva norma tratará de «definir un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho que es el que tienen los ciudadanos a recibir unos servicios mínimos, que en algunos casos son muy esenciales y de ellos dependen aspectos muy básicos de la vida diaria». Además, añadió, «todos los derechos tienen sus límites. ¿Cuáles son? Pues donde empiezan los derechos de los demás, ni más ni menos».
Asimismo, el PSOE manifestó su oposición a esta futura ley que calificó de «legislación restrictiva del derecho de huelga» y solicitó la comparecencia en el Congreso de la ministra de Empleo para que explique el «encargo» del presidente del Gobierno. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en una emisora de radio que no se fía del Ejecutivo, porque «tiene un lenguaje del que no nos podemos fiar» y cuando habla de una norma de servicios mínimos lo que pretende en el fondo es redactar una ley de huelga para «restringir los derechos de los trabajadores».
Respecto a estas críticas, la número dos del Gobierno pidió «prudencia» a todos los grupos políticos y «que antes de expresar su opinión esperen a conocer hacia dónde va a ir esa regulación».
Por otra parte, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, señaló que están «completamente de acuerdo con la norma», pero urgió al Ejecutivo a que «empiece a hablar sobre la ley de huelga», que «está pendiente desde el año 77». Del mismo modo, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, apuntó que no es partidario de legislar los servicios mínimos en caliente, justo después del conflicto de la limpieza en Madrid.
Bajo estudio
Soraya Sáenz de Santamaría también se refirió a la polémica instalación de cuchillas en la valla que separa Melilla de Marruecos asegurando que, antes de tomar decisiones sobre «este elemento disuasorio», el presidente Rajoy estudiará el informe «muy amplio» que le ha remitido el Ministerio del Interior al respecto.
