El fuego del caso de las prejubilaciones millonarias en la extinta Caja Segovia celebrado el pasado año ha dejado algunas brasas candentes que también se dirimirán en los tribunales a lo largo del presente año. En esta ocasión, la exvicepresidenta de la entidad de ahorro es quien ha tomado la decisión de demandar por vía civil a la Fundación Caja Segovia y a Izquierda Unida en defensa de su derecho al honor, una vez absuelta de los delitos de Administración desleal y apropiación indebida de los que fue acusada.
El acto de conciliación entre demandantes y demandados tuvo lugar ayer sin acuerdo en la sede del juzgado de instrucción número 5 de la capital, al que acudieron García Gil, acompañada por su abogado Jesús Tovar y el coordinador de IU en Segovia José Luis Ordóñez junto al abogado de la formación Alberto López Villa, sin que esta redacción pudiera constatar la presencia de algún representante legal de la Fundación Caja Segovia.
Elena García Gil reiteró su intención de presentar la demanda civil tras el acto de conciliación, donde reclamará que se reconozca “el derecho al honor tras 11 años involucrada en un procedimiento del que salió una sentencia absolutoria porque no se logró demostrar mi imputación en los delitos de apropiación indebida y administración desleal, y las partes que acusaban, tanto la acusación particular como la popular han aceptado la sentencia y no han presentado recurso, con lo cual admiten que no pudieron probar la existencia de esos delitos y eso es lo que quiero que se me reconozca”.
Asimismo, sindicó que “al igual que los representantes de IU apelan a la Constitución por su derecho a imputar delitos, yo apelo al artículo 18 que habla del derecho al honor y a emprender acciones judiciales contra hechos que no son cietos, porque eso influye en la relevancia social de la persona imputada, que en este caso soy yo”.
La exvicepresidenta de Caja Segovia pedirá en su demanda una indemnización de 60.000 euros a cada una de las dos partes acusadas, así como la condena en costas, lo que elevaría la cantidad por encima de los 120.000 euros.
Por su parte, el abogado de IU Alberto López Villa, rechazó las acusaciones de García Gil y reiteró la negativa a hacer efectiva la indemnización reclamada por la demandante, ya que considera que la acusación “está totalmente fundamentada, con total consistencia».
El letrado criticó la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió en marzo del año pasado a Elena García Gil junto a los exdirectivos Atilano Soto, Manuel Escribano, Enrique Quintanilla, Antonio Luis Tapias y Manuel Agudíez de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Los supuestos delitos se basaban en acuerdos de enero de 2006, noviembre de 2008 y diciembre de 2010, ratificados por los directivos denunciados, que incluían el cobro de un sueldo mayor por asumir nuevas responsabilidades, lo que luego influyó en las prejubilaciones, que ascendieron a más de 18 millones de euros.
Según el abogado, esta resolución fue «totalmente antijurídica», «inconsistente» y «no ajustada a derecho», ya que el magistrado consideró que no constaba la percepción de ayudas públicas a Caja Segovia porque, en opinión de López, la Sala no aceptó el documento que lo reflejaba.
Esto es, según el letrado, un documento de Intervención General de la Administración del Estado en el que se atribuye a Caja Segovia la recepción de más de cien millones de euros.
El abogado de Izquierda Unida ha manifestado que después de esta reclamación del pago de 60.000 euros, esta parte espera «cualquier cosa», entre ellas que García Gil gane la demanda y les condenen en costas, todo ello «en vista de cómo funciona el Estado de Derecho en esta provincia, que viene a ser el patio trasero de Madrid».
La sentencia de marzo exoneró también a Juan Bautista Magaña, Miguel Ángel Sánchez, Óscar Varas, Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo de haberse beneficiado económicamente de la comisión de tales delitos, y a la aseguradora Caser, contra la que pesaba una pretensión civil como aseguradora de los directivos.
Todos ellos fueron acusados por la Fundación Caja Segovia e Izquierda Unida, pero no por la Fiscalía, que solicitó desde el inicio la libre absolución de los procesados.
En concreto, IU pedía para Elena García cuatro años de prisión en calidad de acusación popular y la Fundación Caja Segovia, dos años como acusación particular.
Todos los entonces acusados están absueltos en firme, a excepción de Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez, que están pendientes de un recurso interpuesto por la Fundación Caja Segovia, que insiste en que ambos sean condenados.
