El proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio progresa adecuadamente, aunque todavía no está suficientemente maduro para su aprobación. Los grupos parlamentarios negocian casi a diario las cientos de enmiendas parciales que han presentado al texto aprobado por la Junta, una vez que el pasado lunes quedó rechazada por amplísima mayoría parlamentaria la enmienda a la totalidad presentada por los procuradores del Grupo Mixto, José María González (IU) y Alejandro Valderas (UPL).
El pasado miércoles inició sus trabajos en la sede parlamentaria la ponencia que aborda las más de 300 enmiendas parciales 35 del PP, 166 del PSOE, 118 de IU y 36 de UPL), que continuará reuniéndose hasta el 31 de julio y proseguirá los trabajos la última semana de agosto. Con la participación de los tres grupos, las reuniones se celebran dos o tres días a la semana para avanzar en la negociación de una ley que pretende ser el eje de referencia de la presente legislatura y que se pretende aprobar en el primer pleno que las Cortes celebren en el mes de septiembre.
A pesar del acuerdo básico existente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que quedó reflejado en su rechazo conjunto a la enmienda de totalidad, los parlamlentarios de ambos partidos políticos pretenden sumar al procurador de IU, José María González, para conseguir aprobar la ley con el mayor consenso posible. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que el actual proyecto garantiza la estabilidad de los servicios públicos y supone una obligación para adecuar los servicios del territorio ante los retos del futuro. «La ley dará respuesta a las futuras generaciones de la Comunidad», por lo que existe el convencimiento de que debe salir adelante con el apoyo de una gran mayoría parlamentaria.
«Trabajamos con el ánimo de sumar, también al Grupo Mixto en todo lo que sea posible», afirma Juan José Sanz Vitorio, viceportavoz del Grupo Popular, quien añade que todas las enmiendas están siendo analizadas con la voluntad de acuerdo, siempre que no contravengan el modelo. En principio, únicamente se observa una ruptura del modelo en muchas de las presentadas por Izquierda Unida, según dice el parlamentario popular.
A pesar de existir ya un acuerdo básico con el PSOE, Sanz Vitorio no cierra las puertas a negociar las 166 enmiendas parciales presentadas por el Grupo Socialista, e incluso se muestra abierto a recoger algunas de las propuetas, aunque también reconoce que «ya se verá si es posible encontrar puntos de acuerdo en aquellas que sean más delicadas».
Mucho trabajo
El ponente por parte del Grupo Socialista, Francisco Ramos, muestra el interés y voluntad de su partido por alcanzar el mayor consenso posible. «Queda trabajo por hacer», afirma, y estima que una ley de esta envergadura debería consumir al menos tres meses en la ponencia para que salga correcta de las Cortes. Ramos expresa su confianza tras las primeras reuniones en la aceptación por parte del PP de incorporar mayores garantías para los servicios públicos, el encaje de otras políticas públicas, entre ellas la industrial, y hacer una «relectura» para dejar claro que la corrección de desigualdades no es el recorte.
El procurador socialista explicó que debe hacerse un trabajo para marcar las distancias mínimas a los servicios y evitar la eliminación, por ejemplo, de consultas o guardias nocturnas, además estimó que se tiene que pensar en el territorio a la hora de aplicar las políticas sectoriales para dinamizar, crear empleo y fijar población.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU) mostró su voluntad de acercar posiciones, aunque también dejó claro que «si piden que diga sí a lo pactado por PP y PSOE no habrá trabajo en la ponencia». De momento, reina el buen rollo.
