De poco han servido las genuflexiones del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que hizo la vista gorda ante los chantajes del presidente venezolano, Hugo Chávez, a cambio de que Caracas deje en paz a las empresas españolas radicadas en el país sudamericano. Sin importar que el populista, reiteradamente acusado de dictatorial por el PP, defendiera en su momento a los etarras, a los que llegó a comparar con Bolívar, e insultara sin recato a los jueces de la Audiencia, a quienes tildó de franquistas, la diplomacia española pasó por alto tales ofensas y logró incluso silenciar las críticas gracias a una declaración conjunta en la que Chávez se comprometía a colaborar en la persecución de la banda terrorista.
Pero lo cierto es que, como temían todos aquellos que conocen la trayectoria totalitaria del mandatario, tal mansedumbre no hizo sino ocultar momentáneamente la verdadera naturaleza del venezolano, presunto responsable de amparar y fomentar la relación entre ETA con las FARC y que ayer volvió a erigirse en defensor de los asesinos.
Lejos de cumplir sus promesas de ayudar a los jueces para que los pistoleros refugiados en territorio del país sudamericano sean entregados a la Audiencia, Chávez está haciendo todo lo posible para entorpecer el proceso y ayer requirió a las autoridades españolas que le faciliten información exhaustiva sobre todos los etarras que viven en su país y cuya extradición le reclama el alto tribunal.
Como no podía ser de otra manera, el Gobierno prefirió, una vez más, mirar hacia otro lado y filtró la interpretación de que el interés de Caracas es «un signo de que el régimen de Chávez estaría dispuesto a atender alguna de dichas peticiones». No obstante, lo cierto es que la imposición de nuevas trabas administrativas lo único que hace es cuestionar la legitimidad de la Audiencia y, de paso, dilatar el proceso burocrático.
Desde que el líder venezolano llegó al poder en 1999, España ha reclamado la extradición de siete etarras y siempre se ha encontrado con la negativa o el silencio como respuesta. No obstante, en 2002 y 2003, Venezuela entregó a tres etarras, sin que mediara proceso judicial, lo que le valió una condena en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y, mientras Chávez continuaba tensando la cuerda de las relaciones bilaterales, el autodenominado Colectivo de Refugiados y Deportados de ETA en Venezuela emplazaba al Gobierno bolivariano a no involucrarse en la campaña «represiva» del Ejecutivo español contra «la izquierda revolucionaria vasca». Por contra, dicha rama de los abertzales en América, cuya misma existencia solo puede confirmar que aquel continente continúa siendo un verdadero santuario para los asesinos, instaba al Ejecutivo de Caracas a sumarse a quienes «desde ámbitos internacionales abogan por la salida dialogada al conflicto»
En un comunicado dirigido a la sociedad venezolana lamentaban, «como militantes revolucionarios, ciudadanos vascos y venezolanos», que desde hace más de un mes dicen sufrir una campaña de «acoso mediático desatada por la prensa española» y que también ha tenido eco en medios venezolanos.
Además, en un palmario ejercicio de apología del terrorismo, los cachorros de ETA en Venezuela trasladaron su apoyo a todos los pistoleros presos en cárceles vascas. «Ellos, junto a quienes en cualquier rincón de Euskal Herria mantienen su compromiso de lucha, son el más claro ejemplo de la dignidad de un pueblo que con su lucha diaria nos animan a mantener nuestro compromiso diario con Euskal Herria hasta la consecución de la independencia y el socialismo», añadían.
