El gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclamó ayer el derecho a hablar en el Parlamento para salvaguardar la independencia de la institución de las interferencias de las autoridades, y no excluyó errores en la gestión del supervisor durante su mandato.
En su último discurso al frente del Banco de España, dentro del informe anual del organismo, Fernández Ordóñez sostuvo que rendir cuentas ante el Congreso «no debería ser solo una obligación de los reguladores, sino también un derecho».
«La transparencia que proporcionan las Cámaras es una ayuda inestimable para salvaguardar la independencia de la entidad de posibles interferencias de las autoridades y grupos de interés», argumentó el todavía gobernador.
El adiós de Fernández Ordóñez se produjo el día después de que el PP bloqueara su comparecencia ante la Cámara Baja para dar cuenta de la crisis de Bankia, que desembocó en la nacionalización de la entidad a través de un plan de saneamiento pilotado por el Gobierno, y que ha dejado tocado el prestigio del organismo.
El banquero resaltó que contar con instituciones reguladoras independientes no garantiza en absoluto que éstas no se equivoquen, «pero con ellas se consigue que las decisiones no estén teñidas de motivaciones políticas coyunturales».
«Yo no puedo decir que el Banco de España, en su tarea de supervisión, no haya podido equivocarse en ocasiones, pero sí puedo asegurar que sus decisiones han estado siempre basadas en criterios exclusivamente profesionales», defendió.
El gobernador, que cesa de su cargo hoy, con un mes de antelación, valoró la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que «contribuyó a la relajación de los mercados en la primera mitad de 2011», con la prima de riesgo por debajo de los 200 puntos básicos, indicó.
Además, pidió limitar «en lo posible» el dinero público para sanear la banca, y advirtió de que la recuperación no podrá apoyarse «a corto plazo» en el crédito, como sí ocurrió en el pasado.
