Hay una oportunidad para salvar del derribo a la polémica casa de la calle de La Parra. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) ha abierto una puerta a la posible legalización del edificio. Para ello, el Ayuntamiento deberá tramitar un expediente de reposición de la legalidad en el que se acredite que el edificio cumple con los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo aseguró ayer la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien aseguró además que los servicios técnicos y jurídicos municipales analizan este último pronunciamiento del tribunal, que supone, según dijo «la única puerta para evitar el derribo».
Luquero indicó que el TSCyL ha rechazado «todos» los recursos presentados para que el tribunal recapacitase en su decisión y diera marcha atrás en su decisión. Para intentar paralizar la ejecución de la sentencia, presentaron recursos el Ayuntamiento, los dueños del edificio, la comunidad de propietarios de los garajes y el grupo municipal de IU, aunque, en este caso, solo para pedir que el derribo no afectase a los garajes ni arbolado de la parcela.
«El tribunal ha desestimado todos los recursos presentados y nos remite a la necesidad de ejecutar el derribo, pero abre una puerta a la posible legalización a través de la tramitación de un expediente donde se acredite que el edificio cumple el PGOU«, aseguró.La casa fue construida sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 19 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento, bajo gobierno del PP, con Ramón Escobar como regidor, el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el TSJ de Castilla y León, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales emitieron sentencias en este mismo sentido; ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble.
Un auto del TSJCyL, de 2 de noviembre de 2010, estimó que el derribo del inmueble era procedente, en virtud de sentencias judiciales anteriores, aunque sin perjuicio de que fuera posible la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística.
A la luz de este auto, Urbanismo emitió en 2011 un informe que consideraba que el polémico edificio podía ser legalizado si la propiedad cumplía con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble. Asimismo, la Comisión Territorial de Patrimonio emitió el 21 de diciembre de ese año un informe favorable a la legalización al entender que el edificio «no altera las características generales, de carácter y ambiente, del conjunto histórico de la ciudad». Finalmente, la junta de Gobierno local aprobó la legalización el 5 de enero de 2012, un acuerdo que el TSCYL anuló a través de un auto fechado el pasado 25 de febrero.
