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El Tribunal Supremo imputa a Baltasar Garzón por prevaricación

por Redacción
27 de mayo de 2009
en Nacional
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Familiares de los mineros muertos en el Pozo Emilio en 2013 reclaman una sentencia

El Tribuna Superior (TS) ha admitido a trámite una querella de Manos Limpias -sindicato sin representación en ningún centro de trabajo y que está dirigido por el ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard- acusó a Garzón de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el Franquismo a sabiendas de que no lo era.

En su auto de admisión, el TS, «sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella», ya que «lo afirmado» en la misma «no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional».

Reacciones

El PP ha considerado hoy «valiente y ejemplificadora» la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha admitido a trámite una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un delito de prevaricación por la causa contra el franquismo.

Según un comunicado del PP, el auto del alto tribunal «refuerza y devuelve la confianza de muchos españoles» en la Justicia y el Poder Judicial, ya que demuestra que no hay inmunidad «para nadie que pretenda utilizar la ley de forma arbitraria».

Aunque el PP «respeta, también en este caso», la presunción de inocencia, ha definido la decisión del TS de «valiente y ejemplificadora» y un «avance» en el Estado de Derecho.

Ha destacado la «rotundidad» del TS en su decisión, ya que el auto es unánime en la apreciación del carácter «manifiesto y palmariamente injusto» de Garzón en este caso, según los populares.

Para los «populares», el principio de responsabilidad de jueces y magistrados «ha sido invocado reiteradamente» frente a Garzón por falta de la «debida imparcialidad».

Algo que demuestra, en su opinión, el número de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, alguna aún pendiente de

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