El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado las nuevas normas urbanísticas de La Lastrilla según la sentencia de fecha 13 de junio de 2014 que ha sido comunicada por Ecologistas en Acción y confirmada por el Ayuntamiento.
La decisión del Tribunal Supremo de la Comunidad paraliza los planes de expansión comercial y residencial que el Consistorio de La Lastrilla pretende impulsar con las modificaciones de las normas subsidiarias que contemplaban la ampliación del suelo urbanizable más allá de la carretera de circunvalación SG-20.
En todo caso el alcalde Vicente Calle ha comentado que aunque “el Ayuntamiento no va a recurrir tenemos conocimiento de que sí lo harán propietarios particulares”. De hecho, la asociación ecologista ha informado en una nota de prensa que ya ha habido recurso ante el Tribunal Supremo. Vicente Calle insiste en que hasta que no haya “sentencia firme” seguirán dando licencias de acuerdo al planeamiento de 2011 “porque el Ayuntamiento no se va a parar por esto”.
Hay que recordar que Ecologistas en Acción de Segovia había presentado un recurso contencioso administrativo al estimar que las nuevas normas eran “fuertemente expansivas” y no se ajustaban a la legalidad. El colectivo explica que el planeamiento habrían permitido quintuplicar la población del municipio, ya que hacían posible la construcción de 6.128 viviendas (correspondiente a unos 19.000 habitantes) en una población que en la actualidad tiene sólo 3.562 habitantes censados.
Las normas anuladas ampliaban el suelo urbanizable más allá de la vía de circunvalación SG-20, algo que consideraba “inadecuado” Ecologistas en Acción, pero que también era juzgado como erróneo por la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, en un informe elaborado en abril de 2010. Este planeamiento urbanístico fue aprobado con informes negativos del arquitecto municipal y el votó en contra de la oposición política.
También la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) informaba desfavorablemente las nuevas normas urbanísticas “al no tener garantizado el suministro de los recursos hídricos”, según indica Ecologistas haciendo referencia a un informe remitido en junio de 2010.
