La Junta ve «margen» para tener protagonismo en las decisiones que se tomen sobre la Cuenca del Duero, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula un apartado del Estatuto de Autonomía, fallo que acata y asume, aunque supone una «decepción colectiva» para la aspiración y el deseo de tener esas competencias sobre las aguas que nacen y discurren por la Comunidad. Así lo dijo el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ante el fallo emitido ayer al mediodía por el alto tribunal, posterior al emitido sobre el estatuto andaluz, y que en ambos casos anula los artículos relativos a la competencia sobre las aguas.
En concreto, el TC anuló el artículo que otorga a Castilla y León competencias sobre la cuenca al estimar el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura contra la norma básica regional. Los magistrado, reunidos en pleno, adoptaron esta decisión por unanimidad, según informaron fuentes del tribunal, que indicaron que se anula el artículo 75.1 del Estatuto, que recogía las citadas competencias.
Ante esta decisión, el portavoz anunció que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, convocará a los grupos de las Cortes, que fueron los que redactaron y aprobaron el Estatuto, en cuanto se valore la sentencia, que aún no han recibido, y buscar las fórmulas para atender el «deseo y la demanda» de la sociedad de la Comunidad sobre la competencia de las aguas de la Cuenca del Duero.
«Ahora hay que estudiar y valorar la sentencia», precisó De Santiago, quien reiteró que hay «margen» para que la Comunidad pueda tener competencias sobre la cuenca y enumeró la gestión compartida -ya recogida en la reforma estatutaria de 1999- o la encomienda de gestión, como tiene Cataluña para el Delta del Ebro.
«Deseo Colectivo»
El portavoz reconoció que «se trunca una aspiración y un deseo colectivo», por lo que supone una «decepción» la sentencia del alto tribunal, que es el peor escenario en el que «nos podíamos poner», en referencia a las manifestaciones que realizó por la mañana y el miércoles Herrera. Sin embargo, subrayó que «de ninguna manera» se arrepienten de haber reclamado con insistencia esta competencia y destacó que estaban en su obligación, porque así lo recoge el estatuto, y además atendían a la demanda de los grupos económicos y sociales de la Comunidad que avalaron esta competencia para Castilla y León.
«No nos arrepentimos de nada», valoró, si bien se quejó, desde el respeto a la comunidad andaluza, el «trato desigual» del Gobierno porque transfirió de forma rápida esa competencia a Andalucía y puso «pegas» en el caso de Castilla y León, si bien reconoció que ahora ellos tienen que desandar un camino, algo que lamentó.
Sobre la forma que se pueda dar al texto, en el sentido de retirar del mismo que la Comunidad tendrá competencias de desarrollo normativo, lo que parece que rechaza el Constitucional por ir contra el principio de unidad, reiteró que hay «margen» en algunas fórmulas, pero añadió que ahora, hasta que se analice la sentencia, es «imposible» poder adelantar algo más concreto, si bien remarcó la redacción «escrupulosa» de los artículos.
Asimismo, resaltó la «categoría política» del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuyo Gobierno ha recurrido los estatutos andaluz y castellano y leonés, cuando ha valorado que «no hay ni ganadores ni perdedores», frase que ha utilizado para el de Andalucía. «Le honra y demuestra su categoría política frente a otros que hacen política barata y de bajo coste en asuntos de comunidad», en referencia al secretario autonómico del PSOE, Óscar López. Precisamente, arremetió contra López por haberle acusado de que «todo lo que toca lo rompe». En tal sentido, manifestó que la Junta no ha vinculado nunca ambos estatutos, como ha declarado López, sino que ha defendido que se debía seguir el mismo camino en la negociación con Castilla y León que se hizo con Andalucía.
