El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que investiga una presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, remitió al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa y senadora, Rita Barberá, aforada ante el alto tribunal. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
De esta forma, el magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora. El juez, no obstante, señala que ni a las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación “concreta” respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.
Sin embargo, según el TSJCV, el instructor detalla en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento. Por ello, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de “estrecha confianza” entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar sin ser interrogada. La senadora presentó entonces un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación del dinero para la campaña de les elecciones de 2015 cuando optaba a la Alcaldía, aunque negaba su reintegro. Sin embargo, el juez señala que sus explicaciones son “insuficientes” para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
Expediente informativo
La dirección nacional del PP recordó que la formación abrió hace un mes un expediente informativo a los investigados en la llamada Operación Taula que sigue “abierto”, al tiempo que subrayó que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá no está imputada, al menos todavía.
El pasado 16 de marzo, el Comité de Derechos y Garantías del PP abrió expediente informativo a los ediles y asesores del partido afiliados que estaban implicados en esa causa. Dos semanas después, éste mismo órgano disciplinario acordó suspender cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia que están investigados en el caso Imelsa.
