El Supremo ordenó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que siga investigando la parte del caso Gürtel que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración y del PP en la región por recibir regalos de la trama. Así, el «ratito largo» del que hablaba hace casi un año Camps sobre este «lío» está durando más de lo esperado.
La Sala de lo Penal del Supremo estimó, por unanimidad, el recurso del Ministerio Fiscal y del PSPV-PSOE contra el auto del TSJV que archivó esta causa, resolución que anula parcialmente. En los próximos días se notificará la sentencia. Así, el alto tribunal reabre la causa y devuelve las actuaciones al magistrado instructor, José Flors, que tendrá que continuar la tramitación contra Camps; el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Ejecutivo regional Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, quienes aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa.
El pasado mes de agosto la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV archivó el procedimiento contra Camps y los otros tres al estimar que no había relación entre los «agasajos» que pudieron recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.
Asimismo, se argumentó que ninguna conclusión extraída de la fase de instrucción puede tener el grado de «certeza», ya que «no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos», como las sostenidas por los imputados. Además, concluyó que tampoco había constancia «de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación».
La Fiscalía considera que el archivo de la causa fue prematuro, dado que la fase de investigación seguía abierta en ese momento y cree que Camps cometió un delito de cohecho impropio al aceptar regalos aunque éstos no tuvieran contrapartida alguna.
Dimisión
Las reacciones, sobre todo de la oposición al líder conservador, no se hicieron esperar. Entre ellas, la del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que pidió a Camps que «tenga un último acto de dignidad» y «dimita ante las Cortes Valencianas». «Que nos deje de vergüenzas, mentiras y reprobaciones», sentenció.
Por su parte, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, emplazó al líder del PP, Mariano Rajoy, a aclarar si sigue respaldando a Francisco Camps como candidato a la Generalitat. Como los analistas no se cansan de repetir, la famosa frase «Diga la Justicia lo que quiera» en Onda Cero la semana pasada, le han hecho un flaquísimo favor. Como era de esperar, la réplica del presidente del Partido Popular fue el silencio. Así, el político gallego y destacados miembros de su equipo abandonaron al mediodía el Congreso de los Diputados evitando hablar ante la prensa de la decisión del TS.
Horas más tarde, el personaje del día llegaba del brazo de la alcaldesa de la Capital del Turia, Rita Barberá, y se reunía con sus más íntimos colaboradores para elaborar una estrategia conjunta ante esta marejada política. Los silbidos de sus detractores se mezclaron con los aplausos de sus partidarios al entrar en la sede del PPCV.
Esta entrada triunfal no fue tan exitosa como quizás preveía. Unos 70 miembros del partido acudieron a la cita, muchos menos de los 170 que componen el órgano directivo de esta formación en la Comunidad Valenciana, lo que deja bien a las claras la enorme fractura que hay -principalmente, con los aliados de Ricardo Costa, su antiguo brazo derecho-. «No se avecinan días fáciles, tendré que oír cosas pero yo estaré a vuestro lado y vosotros al mío», declaró Camps, que aseguró que no tenía miedo y que era inocente.
