La resolución del Tribunal Superior de Valencia que decidió sobreseer las acusaciones contra el presidente de la región levantina, Francisco Camps, y otros altos cargos regionales por las acusaciones que les vinculaban con el caso Gürtel no ha zanjado el via crucis judicial de los populares. De hecho, si el Supremo se mostrara especialmente diligente a la hora de resolver el recurso que ya han anunciado la Fiscalía y los socialistas, todavía faltarían entre ocho meses y un año para que el alto tribunal dicte una sentencia firme.
Así lo explicó ayer el presidente de la Sala de lo Penal de la instancia central, Juan Saavedra Ruiz, quien detalló que el recurso recurso interpuesto por el Ministerio Público es de naturaleza «ordinaria», por lo que «lleva aparejados todos los trámites previstos» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son extraordinariamente prolijos.
De hecho, según explicó el magistrado, primero hay que «formalizar las causas, luego trasladarlas al fiscal o a las demás partes, a continuación debe instruirlas el ponente y, finalmente, quedan pendientes del señalamiento para la vista o para su deliberación».
Lo cierto es que, en tanto se sustancia la resolución, el Gobierno tiene mucho tiempo por delante para continuar explotando políticamente la polémica. Por supuesto, desde Moncloa ni siquiera se admite que la insatisfacción generada en el Ejecutivo por la exculpación de Camps llevara a Moncloa a ordenar a la Fiscalía que interponga un recurso. La vicepresidenta De la Vega se defendió de tal acusación con el argumento de que la actuación del acusador público responde a la «normalidad democrática» y, además, proclamó que el fiscal general «no se deja utilizar por nadie, tampoco por el Gobierno».
La socialista, que admitió que el fiscal informó al Gabinete de su decisión de recurrir, contetó así a los dirigentes populares que la critican por anunciar a los pocos minutos de conocerse la sentencia del Tribunal Superior valenciano que Anticorrupción tomaría cartas en el asunto.
Tan prematura reacción del Gobierno fue considerada por la número dos del PP, María Dolores Cospedal, una «vergüenza», ya que, a su juicio, «es la primera vez en la historia que un Ejecutivo utiliza la Fiscalía no para sugerirle que persiga a ETA, sino para acosar a un partido por el mero hecho de ser la oposición a Zapatero».
Similares fueron los comentarios del vicesecretario de Comunicación de la formación conservadora, Esteban González Pons, para quien la actuación de De la Vega fue «obscena» y supuso una «humillación» para los fiscales «profesionales», a los que contrapuso con los «fiscales políticos».
«Es una mujer llena de rencor hacia los valencianos, porque no la votan a ella ni a su partido», agregó el popular antes de añadir que «la división de poderes no existe para el Gobierno».
En la misma línea se situó la coordinadora del PP valenciano, Isabel Bonig, que instó a la vicepresidenta a que «no manipule, no tenga salidas de tono y, sobre todo, a que no utilice la Fiscalía del Estado en beneficio propio».
