Con una celeridad y contundencia que refleja tanto la agilidad de la Justicia judía como la arbitrariedad de las autoridades del Estado hebreo, el Tribunal Supremo de Israel ordenó ayer la liberación de la activista española Ariadna Jové Martí, así como de su compañera australiana Bridgette Chappell, detenidas apenas horas antes por fuerzas militares en sus domicilios de Cisjordania.
A cambio de su salida de la celda, los jueces impusieron a ambas una fianza de unos 600 euros y les prohibieron la entrada en los territorios ocupados. También dictaminó que ambas deberán solicitar, en un plazo de cinco días, un permiso administrativo para poder permanecer en Israel.
Poco antes, la oficina del Fiscal del Estado había admitido que los arrestos habían sido «totalmente inapropiados», puesto que los uniformados de Tel Aviv solo tienen autorización para entrar en territorio palestino cuando persigan actos flagrantes de terrorismo, pero en ningún caso por infracciones administrativas como era el caso de Martí.
Cabe recordar que las dos mujeres, pertenecientes al Movimientos Internacional de Solidaridad (ISM, por su siglas en inglés), fueron arrestadas bajo la acusación de permanecer de forma ilegal en Israel, por cuanto sus visados estaban caducados.
Pese a la intención del Ejército de proceder a su inmediata deportación, el Supremo israelí paralizó el domingo tal maniobra a la espera de su audiencia de ayer, fruto de la cual acordó la liberación con fianza.
Las dos activistas habían recurrido contra su detención al Alto Tribunal de Justicia, ante el que alegaron que sus arrestos se habían producido en la denominada Zona A, en la que la Autoridad Palestina tiene plena jurisdicción en materia de orden público y la Policía israelí carece de competencias.
Tras abandonar la prisión, Jové relató a los periodistas que los soldados entraron de forma «violenta y agresiva» en su casa, tiraron la puerta al suelo y la apuntaron con fusiles automáticos, aunque dijo que no sintió miedo porque lleva más de un año en Palestina y está «acostumbrada a ver a militares».
En todo caso, la catalana afirmó que «nadie está preparado» para que le detengan en plena noche y le apunten con un arma, y que toda la peripecia fue «impactante», aunque todavía no ha tenido «tiempo de asimilarlo».
No obstante, más allá del excesivo despliegue de medios, admitió que, ni ella ni su compañera sufrieron «ninguna agresión», aunque durante su traslado y en el interrogatorio sí fueron objeto de «comentario despectivos», llamándolas «sucias activistas».
Además, explicó que han tenido a su disposición «todo el apoyo» legal, tanto por parte de sus abogados y de los medios de comunicación, como del Consulado español, que de inmediato tomó cartas en el asunto.
