Mientras al cierre de esta edición, la Sala del 61 del Tribunal Supremo continuaba debatiendo, tras comenzar su reunión a las 20,00 horas de ayer, sobre los recursos contencioso-electorales presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra las 254 listas de Bildu y las 19 agrupaciones de electores para los comicios del 22 de mayo, la polémica se ha instalado sobre la figura de uno de sus jueces, Rafael Gimeno-Bayón, cuyo nombramiento fue anulado por el Alto Tribunal el pasado 12 de abril, aunque al no haber sido dictada la sentencia, puede seguir debatiendo.
Se da la circunstancia de que este magistrado, de corte progresista, emitió uno de los siete votos que pedían el pasado 24 de marzo que Sortu concurriera a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Finalmente, por solo dos sufragios, la penúltima marca de Batasuna fue tumbada.
Así, con estos antecedentes, se hace lógico pensar que no es en absoluto descartable que Bildu, total o parcialmente, se cuele en la cita electoral, ya que los resultados se presentan, a priori, muy apretados. De hecho, fuentes del PP sostuvieron a este medio que no esperan que se pronuncie el TS hasta el último momento, esto es, la medianoche de hoy.
En caso de empate -ya que son 16 los magistrados-, deberá formarse lo que se denomina Sala de Discordia, que consiste en la introducción de uno, tres o cinco jueces para que el tribunal conste de número impar.
Algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros la ex ministra de Justicia -del Gobierno de Felipe González- Margarita Robles, defendieron la presencia de que este componente de la asociación Jueces para la Democracia, afín al PSOE.
Así, varios miembros del órgano de gobierno de los togados advirtieron de que Gimeno-Bayón fue designado por turno, y que el hecho de impedir que asuma la ponencia podría ser causa de nulidad de la sentencia sobre la coalición, ya que, por el momento, continúa siendo magistrado de pleno derecho del Supremo, ya que lo es «de hecho».
Todas estas razones no convencieron a la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, que calificó como «bastante lamentable» que el jurista no se «marche» del órgano y pueda emitir su voto sobre las candidaturas de Bildu, así como los demás asuntos sobre los que deba decidir la Sala.
Y es que el hecho de que sea un juez de carrera en excedencia y obtuviera una de las plazas del Supremo reservada para el turno de juristas motivó que el TS anulara su nombramiento. Por eso, la ex europarlamentaria socialista sostuvo que el magistrado no debería pronunciarse sobre las candidaturas de Bildu, «y sobre todo lo demás», y «por ética» no solo debería abstenerse de la decisión, sino que debería «marcharse». En este punto, pidió al alto tribunal que actúe con «eficacia, imparcialidad y rapidez».
Asimismo, la presidenta de UPyD consideró que el debate abierto sobre la decisión que adoptará Bildu respecto a sus candidaturas demuestra la necesidad de «despolitizar» la Justicia y poner en marcha una inmediata reforma de la administración judicial para garantizar su independencia. Y es que EA, una de las tres patas de la coalición, anunció que solicitará, «si se demuestra que la decisión de ilegalizar es política», la anulación de las elecciones del 22 de mayo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez más, volvió a defender su condena de la violencia, como alegó ante el Supremo.
De todos modos, parece claro que, como dijo el pasado lunes el número uno del PNV, Íñigo Urkullu, los líderes de los dos partidos que, presuntamente, hacen de cobertura de los abertzales, Pello Urizar (EA) y Oskar Matute (Alternatiba), se han vuelto a revelar torpes o, cuando menos, poco hábiles. Y es que si hace seis días celebraron el Aberri Eguna con históricos de Batasuna como Tasio Erkizia o Rufi Etxebarria, hoy participarán en Elgoibar (Guipúzcoa) en una manifestación convocada para exigir la puesta en libertad del ex portavoz de los radicales Arnaldo Otegi, que ayer vio cómo la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó su última petición de puesta en libertad al haber «alto riesgo de fuga».
