Así lo afirma Monterde en un auto notificado el pasado día 15, antes de que ayer ambos aforados renunciaran a sus respectivos escaños, en el que acuerda prorrogar por novena vez un mes más, hasta el próximo 15 de mayo, el secreto de las actuaciones.
La renuncia de Bárcenas y de Merino a sus actas de senador y de diputado hará, no obstante, que el Supremo devuelva la causa al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.
En su auto, Monterde dice que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión y que hay «otras nuevas provenientes de las diligencias practicadas en la instrucción que abogan, unas y otras, por la necesidad de continuar manteniendo el secreto de las actuaciones, ya que su conocimiento por los afectados podría suponer un serio obstáculo para su debida culminación».
Según el instructor, una de esas diligencias, derivada de los «diversos informes y documentos» incorporados a la causa, es «una comisión rogatoria para recabar datos de cuentas y operaciones realizadas en entidades bancarias con sede en otros países».
Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la parte del sumario del «caso Gürtel» sobre la que el pasado día 6 se levantó el secreto apunta indicios de la participación de Bárcenas en las estructuras con las que la red supuestamente dirigida por Francisco Correa ocultaba fondos en paraísos fiscales.
El informe, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas «podría haber utilizado» para ello a la empresa Rustfield Trading Limited.
«Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco Correa», señala el informe realizado a partir de los documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, que controlaba el dinero de la «caja B» de la trama.
La investigación de la Agencia Tributaria señala asimismo que Bárcenas y Merino, entre otros, podrían haber tenido el papel de «intermediarios principales» de la organización de Correa durante los años 2002 y 2003.
