Desde hace meses, los españoles tenemos la sensación de vivir en una campaña electoral continua. Tras los comicios generales del 20 de diciembre, los partidos siguieron vendiendo sus programas y criticando a los demás, con el objetivo de formar un Gobierno que nunca llegó, lo que nos ha abocado a unas nuevas elecciones el 26 de junio. Y, aunque aún no estamos oficialmente en campaña, el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Segovia llegó a parecer un debate electoral entre los portavoces de los partidos.
La polémica saltó en el punto 7 del orden del día, bajo el epígrafe “propuesta de expediente relativo a la aprobación de la compatibilidad de concejal con dedicación parcial”. El objeto de debate, la petición del portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, liberado al 55 por ciento, para completar el otro 45 por ciento con una prestación por desempleo, al encontrarse ahora sin trabajo.
Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular, pidió intervenir cuando el resto de portavoces había declinado su turno de palabra y acusó a Galindo de que “siempre alardea de mirar por el bien común y lo único que mira es su bolsillo”. Y es que, dijo Fernández, como concejal a media jornada percibe un sueldo de 1.400 euros, cantidad que no cobran muchos segovianos ni trabajando, y luego es él quien “nos llama caciques, hijos de papá…”.
Asimismo, le pidió “que sea coherente y más valiente”, pues afirmó que en las comisiones, en privado, Galindo defiende que tiene que cobrar más por ser el único concejal de su partido, mientras que en el resto de grupos se reparte el trabajo, y eso no es muy coherente con las ideas que defiende Izquierda Unida.
El portavoz del equipo de Gobierno, Alfonso Reguera, fue el siguiente en intervenir, afirmando ya en tono de campaña que “la solicitud es legal y está en su derecho a hacerlo” y añadió, interpelando a Fernández, que “con la que está cayendo en el PP, lo de las cuestiones éticas es para dejarlo aparte”.
Entonces llegó el turno del protagonista del debate, Galindo, quien apuntó también atacando a los populares que “lo que hago es pedir un derecho de los trabajadores, conseguido por la clase obrera como muchos otros, que el PP eliminaría, no tengo duda”. Pero, añadió, “mis derechos como trabajador no tienen nada que ver con ser concejal, en ningún caso he hecho política con este tema y no hago demagogia con sus remuneraciones y sus posesiones”, y aludió a que los populares tienen más casas y más coches que él, “eso seguro”.
Añadió Galindo, en clave electoral, que “primero limpien su casa, que la tienen bastante sucia, aunque la hagan con dinero negro, porque para dar lecciones de moralidad hay que limpiarse un poco la boca”, y aludió a los casos de corrupción que sacuden al PP, como Bárcenas y la caja ‘B’ o, en el caso de Segovia, a la investigación en torno a Pedro Gómez de la Serna.
Tras estas intervenciones, Fernández puntualizó que “he empezado mi intervención diciendo que es un derecho y que es legal”, pero, insistió, “hay que ser coherente”.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz, María José García Orejana, aseguró que “es un derecho que tiene, una opción personal, y hay que respetarlo”; mientras que el portavoz de UPyD, Cosme Aranguren, fue el único que no quiso entrar al debate, asegurando que “la campaña electoral no debería empezar aquí ni con este tema. Sólo hay que ver si es legal o no y votarlo”. La compatibilidad del trabajo de Galindo como concejal y la prestación por desempleo, de hecho, al ser legal fue aprobada por unanimidad.
Momento tenso también el que se vivió cuando PP, Ciudadanos y UPyD presentaron un ruego conjunto para instar al equipo de Gobierno a habilitar una sala de estudios en el centro de la ciudad, para cubrir el servicio tras el cierre de la antigua Biblioteca Pública. Argumentaron estos grupos que es una reivindicación de los estudiantes que viven en esta zona, de cara a los próximos exámenes, y pidieron que se estudiaran las posibles alternativas, como la Casa de la Tierra.
Sin embargo, Reguera puntualizó que esta petición no viene de los estudiantes, sino de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE), que, dijo, es parte de Nuevas Generaciones y acusó al Grupo Municipal Popular de “engañar” al resto de los grupos para sumarse a esta petición.
Por su parte, la alcaldesa, Clara Luquero, se comprometió a “enviar este ruego ahora mismo al señor Montoro [ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones], porque si nos hacen una cesión provisional de la Biblioteca, en dos días está habilitada la sala de estudios”, ya que, dijo, el Ayuntamiento tiene el equipamiento y el presupuesto necesario para abrirla enseguida.
Asimismo, apuntó que la antigua Biblioteca es el único punto en que podría habilitarse esta sala de estudios en el casco histórico, “porque es el lugar adecuado para ello y ya está proyectado”. Añadió que no hay más espacios municipales libres y, en caso de ubicarla en otro sitio, habría que pagar un alquiler.
Para Fernández, “es un tema de voluntad política porque, aunque no sea un local municipal, puede llegarse a acuerdos o pagar un alquiler”; a lo que Luquero respondió que “voluntad política de verdad es hacer una cesión provisional en tanto se tramita la cesión total de la Biblioteca, porque cualquier otro espacio supone un alquiler y los alquileres son a largo plazo, no para dos o tres meses”.
En el pleno de ayer también se trató la liquidación de la aportación municipal anual a la entidad local menor de Revenga correspondiente al ejercicio 2015, que Reguera cifró en algo más de 126.100 euros. Con esta cantidad, dijo, se fijan las entregas a cuenta que recibe trimestralmente la entidad local menor y que durante este año será de 31.527 euros. Este punto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos.
