El endurecimiento de la legislación para evitar que partidos o agrupaciones afines a Batasuna concurran en las próximas elecciones municipales vascas, proceso que ya han comenzado Gobierno y PP, tiene visos de convertirse en uno de los pocos acuerdos que logren socialistas y populares en la actual legislatura.
Al menos así lo confirman fuentes cercanas a ambos grupos, que destacan «la buena disposición» de las partes para pactar esta reforma, que en teoría revisaría algunos puntos de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral. Estos informadores inciden en que el objetivo del Ejecutivo y del principal partido de la oposición es el mismo: impedir que el entorno de los terroristas esté presente en las listas de los comicios municipales vascos del año que viene.
Es posible que dicho asunto recaiga en la subcomisión para la reforma electoral constituida en el Congreso, aunque aún es pronto para precisar los términos de un hipotético acuerdo y la vía de tramitación parlamentaria.
En cualquier caso, las conversaciones entre ambos partidos reúnen todos los elementos para augurar que habrá acuerdo. De confirmarse estas perspectivas, socialistas y conservadores conseguirían rubricar uno de los pocos pactos alcanzados en la presente legislatura, y podría ser de los pocos que formalicen de aquí a la convocatoria de las generales.
Hasta ahora, el PSOE y el PP han podido acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empezando por su presidente, Carlos Dívar, y la aprobación de un fondo de ayuda a las entidades bancarias. Ambos pactos surgieron como consecuencia de sendas reuniones en el Palacio de La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, una en julio de 2008 y la otra tres meses más tarde.
También de una entrevista -la última, hace un mes- en la residencia del jefe del Gabinete resultaron dos pactos: una nueva Ley de Cajas y la agilización del proceso de reestructuración bancaria.
De las demás cuestiones de Estado que en algún momento requirieron la unión entre los dos grandes partidos, no ha habido buenas noticias, como en la renovación del Tribunal Constitucional. Además, el Gobierno y el Partido Popular han roto la negociación para un pacto educativo, cuestión prioritaria para las dos partes, y unos meses antes dejaron claras sus diferencias respecto del nuevo modelo de financiación autonómica, en cuya aprobación no participó la formación de Mariano Rajoy.
Las asperezas marcaron igualmente los diálogos para la reforma del Código Penal, de cuyo acuerdo en el Congreso se apartaron los conservadores, y para la puesta en marcha de una nueva ley del aborto, norma que los populares han recurrido ante el Constitucional. Asimismo, hay negociaciones estancadas, como las que afectan a la lucha contra la corrupción y la reforma de la financiación local, en compás de espera.
Dentro del ámbito económico se ha estancado la puesta en común de un nuevo modelo energético. Precisamente, en la gestión contra la crisis, la distancia parece insuperable, y aunque ha habido puntuales acercamientos en las ayudas a los bancos o en el rescate financiero de Grecia, ambos plasmaron sus visiones antagónicas en la aprobación del decreto-ley pensado para reducir el gasto público.
