Los pagos comunitarios, desde que Bruselas decidió en reformas anteriores bajar los precios y eliminar casi todos los mecanismos de regulación de los mercados, compensando esas medidas con ayudas directas, constituyen un elemento importante en los ingresos del sector agrario.
Oficialmente, las ayudas directas suponen casi una media del 30%. Sin embargo, este porcentaje puede llegar a ser superior en los cultivos de cereales, más bajo en los viñedos, importante en las explotaciones de ovino y con menor peso en las de vacuno.
En la actualidad, el gran debate, y que lo seguirá siendo durante muchos meses, lo constituyen las negociaciones en cada país para redistribuir casi un 30% del sobre nacional asignado a España. A pesar de que se ha dejado un poco orillado en estos debates, el contenido de la propuesta en lo que se refiere a los mecanismos de regulación, si se tiene en cuenta que casi el 80% de los ingresos de las explotaciones dependen de los mercados. El contendido en este aspecto de la propuesta de reforma es negativo. Pero, si a ello añadimos la posición comunitaria en relación con otras cuestiones como la política de acuerdos con terceros países, la liberalización de los mercados y la mayor apertura de las fronteras, nos encontramos que el sector avanza hacia una mayor indefensión frente al exterior.
La propuesta de reforma, en sus grandes líneas, contempla un montante de 3.900 millones de euros para apoyar en situaciones de crisis como la soportada hace unos meses en las frutas y hortalizas, y otros 2.900 millones hasta 2020 para atender a problemas puntuales en los mercados consecuencia de un aumento de las importaciones por la firma de acuerdos con terceros países. Sin embargo, esta propuesta mantiene la filosofía dominante en el seno comunitario de seguir avanzando hacia una total desregulación de los mercados, manteniendo los actuales mecanismos insuficientes en medidas de compras en intervención que casi han desaparecido, así como el almacenamiento privado.
Con estos mimbres se deja al sector agrario a su suerte, lo cual es una situación grave para el conjunto de los Estados miembros, pero muy especialmente para países como España, donde no hay apenas estructuras organizativas en el campo para la comercialización conjunta de sus productos.
A favor ante este desmantelamiento de los mecanismos para regular los mercados está jugando la existencia de buenos precios y las perspectivas de que en las próximas décadas la alimentación en el mundo va a seguir teniendo unos precios altos por el crecimiento de la demanda.
En esta misma línea destaca, igualmente, la voluntad europea de parar en 2015 las cuotas de azúcar y leche, así como el eliminar los derechos de plantación en los viñedos. Las cuotas son un elemento para defender las producciones de un país, aunque no sirven para casi nada si el sector no tiene la necesaria capacidad para competir en los mercados, como sucede en el caso de la leche. Disponemos cada año de una cuota de producción muy inferior a las necesidades de la demanda interior, por lo que debe llegar leche procedente del otros Estados a precios más bajos, aunque en muchos casos no está clara la procedencia, sus precios y hasta su calidad.
Junto a esta práctica eliminación de los mecanismos para la regulación de los mercados, el otro gran frente abierto es la corriente liberalizadora de las fronteras en el seno de la Organización Mundial de Comercio, pero, sobre todo, la voluntad comunitaria de ir un paso por delante en su política de acuerdos con terceros países, donde la agricultura sigue siendo la principal moneda de cambio frente a los intereses de otros campos industriales.
En la actualidad, sigue pendiente de ratificación en Bruselas el acuerdo suscrito hace ya casi dos años entre la UE y Marruecos que va a suponer la entrada de más producción de frutas y hortalizas en temporada y fuera de ella. España sería el principal perjudicado por los menores costes de producción que hay en ese país, sobre todo por la mano de obra, mientras, en base a este mismo acuerdo, países del norte de la UE van a poder exportar excedentes de cereales, lácteos o de girasol.
Junto a este compromiso, el sector agrario puede verse gravemente afectado por el futuro acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, sobre todo por las posibilidades de exportación de productos de Brasil y Argentina.
Los estudios de impacto señalan la posibilidad de que ese pacto pudiera acarrear unas cuantiosas pérdidas de entre 1.000 y 3.000 millones de euros. Para el sector agrario, las importaciones que pueden suponer los mayores riesgos son las de vacuno, la avicultura de puesta y, sobre todo, de carnes, en un futuro probablemente también el porcino y las entradas de zumos y frutas, azúcar y cereales. Para España es fundamental que, al margen de los volúmenes que tengan acceso al mercado interior de la Unión Europea, que se exijan a esos productos los mismos controles y garantías en materia de sanidad y seguridad alimentaria, así como otras exigencias en materia de medio ambiente como deben cumplir las producciones comunitarias.
Las negociaciones con Mercosur se hallaban paralizadas y las reabrió en 2010 la Administración nacional en contra del resto. Para antes de fin de año está prevista otra ronda de negociaciones.
