El proceso judicial sobre el Torreón de Lozoya está suponiendo un enfrentamiento dialéctico entre los distintos secretarios intervinientes, cuya labor es precisamente dar fe de lo ocurrido en los órganos donde ejercen esa función.
De hecho, en Caja Segovia coincidían un secretario general, un secretario de actas y un secretario del Consejo de Administración, como principales responsables de esta labor. Las versiones en torno a los acuerdos tomados son contradictorias, motivo por el cual se ha desencadenado el proceso judicial de la hipoteca del Torreón y que ha desembocado en la imputación de los consejeros y una parte del equipo directivo de la entidad.
El propio Fernando Tapias, que ejerció durante casi todo 2012 de secretario de actas y de director general, pidió en diciembre de 2013, a través de un recurso, no estar imputado. Para ello alegó que no votó el acuerdo del Consejo de Administración en el que se acordó la hipoteca, aunque reconoce que era director general y secretario de actas. Por este motivo, el juez que instruye el caso de la hipoteca del Torreón, Jesús Martínez Puras, ha rechazado dicha pretensión, según un auto fechado el 6 de febrero de 2014.
El que fuera anteriormente directos de seguros de La Caja defendió su labor y aseguró al juez que la transcripción de los acuerdos a las actas “no es literal, pero sí recoge los términos generales” de lo acordado, como ocurre en la mayoría de los consejos de administración de las empresas.
Tapias también indicó que las grabaciones en formato de audio de los consejos se borraban tras aprobarse de forma definitiva las actas. Explicó que la correspondiente al último Consejo no se ha borrado porque no hubo reunión posterior.
La versión de Tapias sobre el contenido contradice a la del secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel de Vicente, y otros diez consejeros, que defendieron que el contenido del acta según el cual se decide hipotecar el Torreón no se corresponde con lo acordado, motivo por el que se presentó la denuncia en la Fiscalía. Fernando Tapias califica de “serie de falsedades” la denuncia presentada por los consejeros.
En su declaración ante el magistrado, Tapias, ratificó que las posibilidades de actuación del Consejo no eran muchas: “O se firmaba el acta con acuerdo con la Agencia Tributaria (…) o se derivarían las responsabilidades hacia los administradores”.
Tapias explicó en el Juzgado que las decisiones se tomaron sobre informes elaborados por Bankia ya que habían desaparecido los servicios administrativos de Caja Segovia. Y argumentó que él no era experto fiscal ni jurídico para conocer el alcance del acuerdo.
Preguntado por el juez si Caja Segovia adopta alguna acción para inhibirse de esa responsabilidad que le traslada Bankia, Tapias responde que no se contactó con la Agencia Tributaria. “Todas las negociaciones las hace Bankia (…) y Bankia actuaba en nombre nuestro”. Además señaló, haciendo referencia a las actas, que en ningún momento se dio por definitivo el acuerdo “sino que se reservan la posibilidad de actuar legalmente contra el resto de agentes que intervienen”, como los accionistas o administradores de derecho, que eran Manuel Agudíez y Óscar Varas, “e incluso contra Bankia”.
Por último, explicó al juez la situación de la Fundación Caja Segovia, entidad heredera de la entidad de ahorro, y en concreto de su Obra Social, una vez que desapareció la ficha bancaria de Caja Segovia, y su transformación en Fundación de Carácter Especial.
