Aunque en raras ocasiones aparece en los medios de comunicación, el expolio de yacimientos arqueológicos es una de las más graves amenazas que se ciernen sobre el patrimonio cultural.
A nivel nacional, la Guardia Civil estimaba en 2013 que cada año se expoliaban entre 400 y 500 yacimientos, el 75% con ayuda de detectores de metales.
En la comunidad autónoma, Castilla y León cuenta con la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural, en cuyo texto se establece que “las infracciones de las que resulte lesión al Patrimonio Cultural de Castilla y León que pueda ser evaluada económicamente serán sancionadas con multa”, agregando que “en la realización ilícita de actividades que afectan al patrimonio arqueológico se considerará agravante la utilización de aparatos detectores de metales”. En cualquier caso, esta legislación no ha conseguido erradicar la lacra, como demuestra que, hace poco más de un año, la Guardia Civil detuviera a dos personas con material arqueológico extraído en el yacimiento soriano de Tiermes.
Segovia, donde hay más de 1.600 yacimientos catalogados, no permanece ajena al problema. En 2012, la Guardia Civil abrió cuatro expedientes sancionadores por prospecciones ilegales, idéntica cifra a la de los primeros cuatro meses del siguiente año, lo que llevó a la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, a reconocer en mayo de 2013 un “ligero aumento” de los expolios en la provincia.
2014 tampoco ha sido un buen año en cuanto a infracciones contra el patrimonio arqueológico de Segovia. La Guardia Civil ha tramitado un total de ocho denuncias administrativas por el empleo de detectores de metales en yacimientos arqueológicos, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno.
Cuatro de esas denuncias se produjeron por diversas prospecciones arqueológicas ilegales llevadas a cabo en Coca. Las otras cuatro tuvieron lugar en una sola actuación de la Guardia Civil, en un yacimiento situado “en las cercanías de la ciudad de Segovia”. En este último caso, los agentes procedieron a denunciar a cuatro personas, cada una de las cuales portaba un detector de metales.
El material intervenido, “un total de 50 piezas metálicos” ha sido entregado por la Guardia Civil al Servicio Territorial de Cultura de la Junta, que previsiblemente lo remitirá al Museo de Segovia.
Para los arqueólogos, estos expolios suponen “un atentado” contra el patrimonio, dado que cuando una pieza se extrae del lugar que ocupa en un yacimiento, se descontextualiza, lo que impide conocer su entorno y la información que podría proporcionar. “Si no se sabe dónde apareció el objeto y en qué condiciones, resulta imposible conocer su verdadera historia”, señaló ayer un arqueólogo segoviano, quien sostuvo que la mayoría de los furtivos “no tienen conciencia del valor de una pieza arqueológica”, agregando que resulta urgente concienciar que “el patrimonio arqueológico es parte del legado que hemos recibido y, por tanto, debe ser preservado, para entregarlo a las próximas generaciones”.
