El Gobierno congelará de nuevo y por cuarto año consecutivo el salario del sector público en el Presupuesto de 2014, aunque mantendrá las dos pagas extra, tal y como se lo transmitió ayer el Ejecutivo a los sindicatos en la mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y como, seguidamente, informó el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa. La medida afecta a un conjunto total de unos 2,8 millones de trabajadores públicos.
Por lo tanto, 2014 será el cuarto año consecutivo de esta crisis en el que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados y el quinto en el que no crecen, ya que a las retenciones de 2011, 2012, 2013 y 2014 habría que sumar el recorte salarial de entre el 5 y el 7% que aplicó el Gobierno socialista en 2010 y la supresión de la paga extra de Navidad decidida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. En consecuencia, los empleados de la Administración acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 20 y el 30% en los últimos años, según fuentes de los sindicatos.
Pese a la nueva medida, el Gobierno reconoce los esfuerzos que se han pedido a los empleados públicos y el servicio «eficaz y profesional» que prestan a la sociedad.
En el comunicado, Hacienda explica que la política de contención del gasto sigue siendo una de las claves para la reducción del déficit durante 2013.
En este sentido, recuerda que la masa salarial del conjunto de los efectivos estatales experimentó en agosto una reducción del 2,08% frente al 2012, hasta 11.195 millones, lo que supuso un ahorro de más de 238 millones.
El número de empleados, por su parte, se redujo un 2,95% hasta el 30 de agosto de 2013, hasta 560.111, de los que 497.630 son funcionarios (con una reducción del 2,72%) y 62.481 personal laboral (con una reducción del 4,75%).
Por otro lado, el Gobierno también mantendrá congelada la oferta de empleo público en 2014, aunque las limitaciones de no incorporación de nuevo personal no afectarán a determinados sectores prioritarios en los que la tasa de reposición será del 10% como máximo, igual que el año pasado.
Estas limitaciones no afectaron el ejercicio anterior a Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y local, Fuerzas Armadas, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, subvenciones públicas y materia de Seguridad Social.
También quedaron fuera el asesoramiento jurídico y la gestión de recursos públicos, la Administración de Justicia y la acción exterior del Estado.
