La petición de ayuda financiera realizada por Portugal a Bruselas ha abierto un complejo proceso, que puede durar varias semanas y debe negociar el dimisionario Gobierno socialista luso, en funciones hasta las elecciones del próximo 5 de junio.
Dentro de dos semanas tendrá que presentar el programa de ajustes, que será aprobado formalmente a mediados de mayo, cuando se cumplirá el primer aniversario de la creación del fondo.
El rescate, que sigue a los de Grecia e Irlanda, abre un nuevo proceso administrativo estimado por los ministros de Economía de la moneda única en 80.000 millones de euros.
España aportará, en principio, alrededor de 5.000 millones, aunque la ministra de Economía, Elena Salgado, desveló que eran cifras estimativas, porque «todavía no sabemos si otros países de fuera del euro colaborarán».
Los fondos de estabilización europeos deben permitir a Lisboa hacer frente a sus compromisos financieros sin la presión de los altísimos intereses que le exigían ya en el mercado. En contrapartida, Portugal tendrá que privatizar empresas públicas, facilitar el despido y reducir drásticamente el gasto público. Así, el país perderá autonomía en materia económica y deberá seguir fielmente las líneas que marquen la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también participa en la operación.
El Estado luso tendrá que aceptar un programa más duro que el que rechazó su Parlamento en marzo. Los recortes del 0,8% del PIB extra para este año que proponía el Ejecutivo son solo «el punto de partida», según Olli Rhen, comisario europeo de Finanzas.
Hyrki Katainen, ministro finlandés y aliado de Alemania y Holanda, fue más allá: «El paquete debe ser muy estricto porque, de otra forma, no tiene ningún sentido garantizar el préstamo a nadie. Debe ser mucho más severo que el que rechazó el Parlamento».
Como ya sucedió en los casos de Grecia e Irlanda, la procedencia de la ayuda comunitaria será de los diferentes socios de la UE.
La aportación final de España al rescate luso dependerá de cómo se repartan los 80.000 millones entre la UE y el FMI, y de qué parte del dinero proceda de 60.000 millones garantizados por el presupuesto comunitario y cuál corresponda al mecanismo intergubernamental de 440.000 millones. España debe aportar el 12,8% de la parte de ayuda que salga de engranaje intergubernamental, explico Salgado.
La vicepresidenta económica celebró que la UE dejara claro que la situación nacional «no tiene nada que ver» con la del país vecino.
