La investigación judicial sobre la ramificación valenciana de la operación Gürtel va quemando etapas sin que, merced al secreto del sumario, se conozcan más revelaciones que las filtradas puntualmente por algunos medios de comunicación. El juez instructor escuchó ayer a nada menos que 35 cargos del Gobierno de la región levantina que autorizaron contratos entre la administración y Orange Market -la empresa de la que se servía la trama en la Ciudad del Turia-, o formaron parte de las mesas de contratación. Todos ellos comparecieron como testigos y proclamaron estar «muy tranquilos», puesto que todo les había ido «muy bien» en el despacho del togado.
Entretanto, los socialistas valencianos se encargaron de complicar un poco más si cabe el proceso con la presentación de una «personación con querella» por un delito de cohecho que, supuestamente, habría cometido el president de la Generalitat, Francisco Camps, así como el resto de imputados en la trama de tráfico de influencias dirigida por Correa.
Así lo anunció el representante del PSPV en la Cámara regional, Ángel Luna, quien detalló que la querella se dirige, además de contra el barón popular, contra el portavoz parlamentario del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el jefe de Protocolo de la Diputación, Rafael Betoret, y el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, alias El Bigotes.
Por lo que respecta al ámbito estrictamente político, el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla recomendó al presidente popular, Mariano Rajoy, que actúe con Camps como ha hecho el PP de Madrid con sus cargos acusados por el caso Gürtel.
«Si usted tiene a uno (o varios) de sus fieles imputado por delitos graves de corrupción política, lo sensato, incluso respetando la presunción de inocencia, es ponerlo en cuarentena, y no dedicarse a descalificar a la prensa, a los fiscales, a los jueces, al resto de partidos y a todo el sistema», espetó el socialista.
