PSOE e IU tumbaron ayer una moción del PP que reclamaba un pronunciamiento del pleno, en virtud de las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL), para restablecer la legalidad urbanística y administrativa de la segunda fase del proyecto del complejo deportivo Carlos Melero». Aunque en principio no tenía previsto intervenir y abrir un debate, finalmente, ante la insistencia de los populares, el concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfonso Reguera, manifestó que «les garantizo que todo está en vías de solución». «Y se producirá -añadió- a finales de junio o principios de julio, cuando van a concluir los trámites administrativos que pusimos en marcha».
Para justificar el rechazo a la propuesta del PP, el edil socialista argumentó que la moción de los populares «básicamente dice que seamos nosotros los que ejecutemos una sentencia que va en contra de los intereses del Ayuntamiento, sería la primera vez, pero estén tranquilos, porque se ha hablado con todo el mundo y las cosas marchan francamente bien y en plazo». «Nos quedamos más tranquilos», respondió la edil popular Raquel Fernández, quien, con anterioridad, había realizado un relato pormenorizado de lo que calificó como «nefasta» gestión y «meteduras de pata» del Gobierno municipal en este asunto. Fernández reprochó a Reguera que informe de la presunta pronta solución del problema en un pleno, cuando existen, dijo, otros órganos, como son las comisiones informativas, donde el edil de Urbanismo puede explicarlo con más detalle. «Entiendan que nosotros estamos preocupados por este asunto», zanjó la edil popular, a quien la propia alcaldesa, Clara Luquero, dijo comprender en su ánimo. «Está bien que se preocupen, pero no soliciten algo que es negativo para los intereses de los segovianos», en alusión a la sentencia del TSJCyL.
CAT, 1,7 millones
El concejal del PP, José Antonio Garvía, exigió ayer “mayor profesionalidad” al equipo de Gobierno para que aporte informes “correctos” y no basados en “devaneos”. Con la abstención del PP, el pleno aprobó la nueva propuesta de reclamación de daños y perjuicios a la empresa Volconsa por la paralización de las obras del edificio de emprendedores del CAT.
Por la valoración inicial de daños y perjuicios, estimada en 6.750.660 euros se ha pasado a 1.765.321euros, que se incorporarán a la masa de acreedores de la liquidación de Volconsa. El Juzgado ha declarado el concurso «fortuito y no doloso», lo que hace que las garantías de que disponía el Ayuntamiento no sean ejecutables.“Los administradores concursales calificaron de insólita la primera valoración, que por supuesto era errónea, intenten ser más profesionales y eficientes”, dijo Garvía, quien apuntó que “espero que no se convierta el parón de las obras del CAT en las cerchas del Cervantes’.
