El PSOE acudió a la sede del Tribunal Constitucional para presentar un recurso contra el Real Decreto-ley 13/2014 por el que se establecen, entre otras cosas, medidas “urgentes” para compensar la inversión de la empresa ESCAL UGS, S.L. por la paralización del proyecto de almacén gasístico Castor frente a la costa cercana a Castellón y Tarragona.
A juicio de los socialistas, como consecuencia del decreto, “se le ha pagado a una empresa 1.300 millones de euros sin intentar saber qué había pasado realmente”, según explicó a los medios el secretario general del secretario de Reformas Democráticas del PSOE y secretario general del PSPV, Ximo Puig.
Además, el portavoz del partido en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que el Ejecutivo “se ha sacado de la manga” la cantidad y “ni ha mirado la factura”.El texto presentado por la formación apunta que hasta seis artículos del Decreto-ley (los seis primeros) “exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia del TC” en materia de “adecuación constitucional de las leyes singulares”.
Además, considera que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.
Lamentan que, según indicaron, el coste de las compensaciones se traducirá en un coste extra en las facturas del gas de los consumidores que tendrá efecto hasta dentro de 30 años (a partir de 2016) y cuestionan si “no hubiese sido descabellado haber planteado un esquema de reparto del coste entre el concesionario y los consumidores más equilibrado”.
A este coste habrá que añadir además “otras partidas aún indeterminadas” que se derivarán del coste que suponga mantener el almacén en estado de hibernación y, en caso de que se adopte la decisión de desmantelarlo, el gasto correspondiente a la operación, segúnse explica el documento. Por último, critica que la decisión de mantener el almacén en estado de hibernación no soluciona la “compleja situación técnica existente” sino que produce lo contrario, la posterga.
