El Grupo Socialista en el Congreso registró ayer en la Cámara 1.601 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, con las que pretende movilizar hasta 11.000 millones de euros en torno a tres ejes: 3.095 millones para educación y el empleo, 3.190 para el cambio de modelo económico, y otros 3.483 millones para la cohesión social. A su vez, proponen bajar del 21 a 5% el IVA cultural.
Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, y los responsables de Presupuestos y Hacienda, Joan Rangel y Pedro Saura, respectivamente, presentaron en rueda de prensa las principales líneas de sus enmiendas, que “apoyan el programa de futuro, de reforma, de regeneración, de renovación y de ambición de país” presentado por su secretario general, Pedro Sánchez, en el debate de totalidad celebrado esta semana.
“Estos Presupuestos no contribuyen a la recuperación, agrandan la desigualdad y la brecha social, y no ayudan a la renovación y modernización de la economía. Sin embargo, la actual crisis pone de relieve que el crecimiento vendrá sobre bases sólidas y no sobre fuentes pasajeras y temporales”, explicó Hernando.
Para poder pagar estos aumentos de gasto y cumplir con el objetivo de déficit del 2,8% pactado con Bruselas para el próximo ejercicio, el PSOE propone recaudar 11.125 millones de euros adicionales mediante una “reforma profunda” del sistema fiscal para que “la riqueza contribuya de manera efectiva en el sistema impositivo” y se cumpla la progresividad prevista en la Constitución.
Así, se propone por una parte incrementar los tipos de IRPF para los tramos más altos, crear un nuevo Impuesto sobre las Grandes Fortunas e imponer una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades. Por contra, exigen reducir del 21% al 5% el IVA cultural.
El principal partido de la oposición exige que el sistema tributario se “asiente sobre la lucha contra el fraude y la elusión fiscal», pidiendo por ello el aumento en 5.000 efectivos de la plantilla de la Agencia Tributaria dedicados a este fin durante los próximos años.
Una vez obtenidos esos recursos adicionales, el principal partido de la oposición plantea un plan de 6.500 millones de euros para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital.
